En un contexto histórico marcado por la inestabilidad económica y la fluctuación regulatoria, pocas políticas públicas en Argentina han logrado la continuidad y el consenso político necesarios para generar resultados significativos. No obstante, el régimen de promoción de energías renovables se destaca como una de las experiencias más exitosas en el ámbito energético del país. La reciente media sanción de la prórroga de la estabilidad tributaria, enmarcada en la Ley 27.191, representa un avance crucial en el esfuerzo por consolidar esta política, aprobada en la última sesión de la Cámara de Diputados.

La energía en Argentina ha sido un tema recurrente de debate, frecuentemente polarizado entre subsidios, tarifas y las urgencias fiscales que enfrenta el país. Sin embargo, para fomentar un desarrollo real del sector energético, es imperativo adoptar una perspectiva más estratégica que promueva la transición energética. Este enfoque implica diversificar la matriz energética y capitalizar las ventajas competitivas que ofrece Argentina, con el fin de atraer inversiones privadas y generar empleo. En este contexto, las energías renovables no solo contribuyen a la oferta de generación limpia, sino que también sientan las bases para el desarrollo de nuevas industrias estratégicas, como el hidrógeno verde.

El camino hacia la promoción de las energías renovables en Argentina comenzó en 1998, cuando se declaró de interés nacional la generación eléctrica a partir de fuentes eólicas y solares. Posteriormente, en 2006, se promulgó la Ley 26.190, que estableció un régimen de promoción con el objetivo de alcanzar una participación del 8% de energías renovables en el mercado eléctrico nacional. Sin embargo, para 2015, el panorama era desalentador: las inversiones en el sector se mantenían en un estado de promesas incumplidas, y la energía proveniente de fuentes renovables apenas representaba menos del 2% de la matriz eléctrica del país.

El año 2015 también fue testigo de un cambio significativo con la sanción de la Ley 27.191, que amplió el régimen de promoción y elevó el objetivo al 20% de participación para 2025. Este fue un paso crucial que, sin embargo, requería de una efectiva implementación para convertirse en una realidad tangible. La verdadera transformación llegó durante la presidencia de Mauricio Macri con la reglamentación de esta ley mediante el decreto 531/16. Las rondas del programa RenovAr, la renegociación de contratos del GENREN y la creación del Mercado a Término de Energías Renovables fueron piezas clave en la conversión de una ley con buenas intenciones en una política pública efectiva, diseñada para atraer inversiones y potenciar el desarrollo del sector.

Los resultados de estas políticas han sido notables. Entre 2016 y 2019, la participación de las energías renovables en la matriz energética se triplicó, continuando su crecimiento hasta alcanzar cerca del 20% en la actualidad, alineándose con el ambicioso objetivo que se había establecido. Este incremento no solo refleja un avance en la generación de energía limpia, sino que también evidencia un cambio en la estructura del sector energético argentino.

Además, el impacto de este sector es de carácter federal. La Patagonia, por ejemplo, posee algunos de los vientos más favorables del mundo para el desarrollo de proyectos eólicos. Por su parte, el NOA destaca por sus niveles excepcionales de radiación solar, mientras que Cuyo combina condiciones óptimas para proyectos tanto solares como eólicos. Otras regiones del país también presentan oportunidades en biomasa, biogás y energía hidroeléctrica, lo que refuerza la necesidad de un enfoque integral en el desarrollo de energías renovables.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tiene el potencial de convertirse en una herramienta crucial para consolidar esta nueva etapa de expansión del sector. La combinación de estabilidad tributaria, junto con el marco regulatorio adecuado, puede facilitar un entorno propicio para que las inversiones fluyan hacia el sector de energías renovables, lo que a su vez contribuirá a una matriz energética más diversificada y sostenible en el país. En definitiva, la prórroga de la estabilidad tributaria no solo es un paso hacia adelante en la política energética, sino que también representa una oportunidad para construir un futuro más sustentable y próspero para Argentina.