La disputa entre la administración de Axel Kicillof y el Gobierno nacional se intensifica con un nuevo conflicto que pone en el centro de la escena la cuestión del financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE). En un comunicado emitido por el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque, se hizo formal un reclamo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por una deuda que, según cifras oficiales, asciende a $220.000 millones. Esta cifra representa un déficit acumulado desde 2024 que amenaza la sostenibilidad del programa y, por ende, la alimentación de miles de estudiantes que dependen de este servicio.

El reclamo formal, datado el 20 de abril y dirigido a la cartera nacional, no solo se centra en la deuda del SAE, sino que también incluye la solicitud de financiamiento nacional para el Programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria). Este programa, que fue implementado durante la pandemia en 2021, ha sido financiado exclusivamente con recursos de la provincia, sin ningún aporte del Gobierno nacional. La entrega mensual de módulos con productos alimenticios a las familias de alumnos de escuelas públicas es esencial para garantizar la seguridad alimentaria, y para continuar con este programa, la provincia ha solicitado una partida de $372.308.874.696.

En cuanto a los números del SAE, el reclamo de la provincia destaca una brecha significativa entre los fondos recibidos y lo que realmente se necesita. En 2025, el Gobierno nacional transfirió apenas $77.523 millones, un monto que está muy por debajo de los $130.939 millones que la provincia había solicitado. Para el año 2026, el presupuesto propuesto por la Nación asciende a $80.883 millones, lo que representa un aumento nominal del 4% que resulta insuficiente en un contexto donde la inflación alimentaria se estima en torno al 30%. Esta discrepancia en los financiamientos ha sido la causa principal de la deuda que hoy asciende a más de $220.000 millones.

Larroque ha utilizado sus redes sociales para hacer eco de este reclamo, expresando la necesidad urgente de que el Gobierno nacional abone la deuda acumulada desde 2024. En sus publicaciones, también ha instado a que se considere el financiamiento para el Programa MESA, que, hasta la fecha, continúa siendo sostenido únicamente con fondos provinciales. Este tipo de situaciones pone de manifiesto la creciente tensión entre los niveles de gobierno y la urgencia de una respuesta efectiva para evitar que los problemas económicos repercutan en la educación y alimentación de los más vulnerables.

Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano no tardó en responder a estas acusaciones. En un comunicado, la cartera rechazó las imputaciones de desfinanciamiento y aclaró que el SAE es un programa de responsabilidad provincial. Según su postura, el aporte nacional solo cubre el 20% del costo de los comedores escolares, mientras que el 80% restante es asumido por la administración de Kicillof. En este sentido, el ministerio subrayó que no existe deuda alguna con la provincia y que la responsabilidad por los problemas financieros radica en decisiones provinciales.

Además, el Gobierno nacional destacó que el presupuesto destinado a la calidad educativa ha tenido un incremento sustancial del 72% entre 2025 y 2026, pasando de $345.319 millones a $594.841 millones. Este aumento, según el ministerio, debería ser visto como un esfuerzo para mejorar la infraestructura y los servicios educativos, y no como un motivo para que la provincia deslinde responsabilidades.

La situación actual refleja un contexto de creciente tensión política entre la provincia y la Nación, en un momento en que la pobreza y la inseguridad alimentaria son temas de alta preocupación social. La resolución de este conflicto será crucial no solo para asegurar el financiamiento del SAE y del Programa MESA, sino también para abordar de manera efectiva las necesidades de las familias que dependen de estos programas en un contexto de crisis económica. La falta de un acuerdo podría tener graves consecuencias en la alimentación de miles de niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires.