La preparación del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional argentino en 1976 fue un proceso meticuloso que se extendió por un periodo de al menos seis meses. Este periodo estuvo marcado por una intensa organización y coordinación entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, que trabajaron en conjunto para llevar a cabo una acción que alteraría drásticamente el curso de la historia del país. El acto decisivo que activó este plan fue el decreto 2770-2/75, firmado el 6 de octubre de 1975 por el entonces presidente interino, Ítalo Luder, junto a sus ministros, bajo la presión directa de los altos mandos militares, que reclamaban mayores facultades para actuar contra lo que consideraban una grave amenaza subversiva.

El contenido de este decreto otorgó a las Fuerzas Armadas la autorización para realizar operaciones militares y de seguridad con el objetivo declarado de erradicar la subversión en todo el territorio nacional. Con esta medida, el gobierno de facto consolidó el control militar sobre la represión, trasladando el poder represivo del Estado a la esfera militar, lo que sentó las bases para una brutal campaña de violencia sistemática que se desarrollaría en los años siguientes. Este acto fue precedido por el ataque de la organización Montoneros al Regimiento 29 de Formosa, un hecho que, en el contexto de la creciente violencia política, fue utilizado como justificación para intensificar la represión.

Los días posteriores al decreto marcaron el comienzo de una serie de decisiones administrativas y legales que fueron configurando un aparato represivo cada vez más complejo. A pesar de que las Fuerzas Armadas proclamaban públicamente su compromiso con el orden constitucional, en la práctica comenzaron a implementar un régimen de terror donde la represión se convirtió en un mecanismo habitual. En octubre de 1975, la primera directiva del Ejército definió a varias regiones del país, incluyendo Tucumán y la Capital Federal, como áreas prioritarias para la caza de organizaciones consideradas subversivas.

Durante este mismo mes, se llevó a cabo una modificación del Reglamento Militar, que estableció una política de combate con un enfoque violento y sin límites. Las instrucciones eran claras: se debía aniquilar a los considerados delincuentes subversivos, sin contemplaciones por el marco legal que tradicionalmente protegía a los prisioneros de guerra. Esta postura buscaba sortear posibles reclamos por violaciones a los derechos humanos, como los que se derivan de la Convención de Ginebra, que prohíbe el uso de torturas y ejecuciones sumarias.

El nuevo Reglamento Militar establecía que la acción militar sería intrínsecamente violenta, y que durante las operaciones no se aceptarían rendiciones ni se permitiría la interrupción del combate. Las órdenes especificaban condiciones de combate que dejaban poco espacio para la interpretación, incluyendo la posibilidad de eliminar a los detenidos en caso de resistencia, lo que desnudaba la lógica de exterminio que guiaba la represión.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta nueva estructura represiva fue la creación de centros clandestinos de detención, conocidos como LRD, que significaba “lugar de reunión de detenidos”. Allí, las personas consideradas sospechosas serían capturadas y llevadas sin derecho a defensa legal, convirtiéndose en víctimas de un sistema que buscaba desarticular cualquier forma de oposición. Estos centros no surgieron de la nada; ya formaban parte de la estrategia del “Operativo Independencia”, que se había implementado en Tucumán desde principios de 1975, y que se expandió rápidamente a otras provincias, como Córdoba, donde se construyeron espacios de detención como “La Ribera” y “La Perla”.

Este contexto marcó el inicio de un periodo oscuro en la historia argentina, caracterizado por la violencia institucional y la violación sistemática de los derechos humanos. La planificación y ejecución de un golpe de Estado no solo alteró el orden político y social del país, sino que instauró un clima de miedo y represión que afectaría a generaciones enteras. A medida que se desvela la complejidad de estos eventos, se hace imperativo seguir investigando y reflexionando sobre las implicaciones de estas acciones en la memoria colectiva y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.