La 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha reafirmado su apoyo incondicional al reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Este respaldo se formalizó en una votación unánime y aclamada, justo antes de la intervención del canciller argentino, Pablo Quirno, en la reunión anual del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. Este hecho se produce en un contexto donde el gobierno de Javier Milei se encuentra en negociaciones para unirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), un bloque comercial que incluye al Reino Unido, lo que añade complejidad a la situación de las islas.
El canciller Quirno se encuentra en Nueva York, donde está representado por el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro. En su alocución, Navarro expuso los fundamentos históricos y jurídicos que sustentan la posición argentina sobre las Malvinas. Recordó que, el 3 de enero de 1833, el Reino Unido llevó a cabo una ocupación ilegal de las islas, un acto considerado contrario al derecho internacional vigente en ese momento, que resultó en la expulsión de autoridades y habitantes argentinos, quebrantando así la integridad territorial de Argentina.
En este sentido, el subsecretario citó la Constitución Nacional, que establece que la recuperación de estos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía son objetivos permanentes e irrenunciables del pueblo argentino. Esta referencia a la constitución se convierte en un pilar central de la argumentación oficial, resaltando la necesidad de respetar los derechos de los habitantes de las islas, pero en el marco del derecho internacional que rige la cuestión de la soberanía.
Uno de los puntos más relevantes de la exposición de Navarro fue su respuesta al argumento británico sobre el derecho a la autodeterminación. El funcionario fue contundente al afirmar que ninguna de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las más de cuarenta del Comité Especial de Descolonización, hacen mención a los deseos de los habitantes de las islas. Este planteo busca deslegitimar la narrativa británica que sostiene que la población de las Malvinas debería decidir su propio futuro, enfatizando que la población actual es resultado de una implantación británica posterior a la expulsión de los argentinos.
Además, Navarro abordó el controversial proyecto Sea Lion, recordando que en diciembre de 2025, las empresas Rockhopper y Navitas Petroleum anunciaron actividades relacionadas con la explotación de yacimientos en la cuenca Malvinas Norte. Dichas actividades se basan en licencias que, según Argentina, son apócrifas y emitidas por autoridades ilegítimas de las islas. Ante esta situación, el presidente Milei ha instruido a la Cancillería para que exprese un "enérgico rechazo" a estos desarrollos, reafirmando así la postura firme del país ante la explotación de recursos en las Malvinas.
Por último, el subsecretario destacó que la presencia militar británica en el Atlántico Sur es desproporcionada y contraviene la naturaleza de la región como zona de paz y cooperación. Este aspecto fue reconocido también por la delegación de Brasil, que se pronunciará sobre la situación en futuras deliberaciones. Navarro cerró su intervención con una frase contundente, resaltando que, casi dos siglos después de la ocupación británica, el tiempo no puede transformar una ocupación ilegítima en un título válido, reafirmando que ninguna decisión unilateral puede sustituir la obligación internacional de negociar una solución a esta disputa histórica.
