En el día de hoy, se conmemoran 173 años de la sanción de la Constitución Nacional Argentina, un documento fundamental que ha guiado la vida política y social del país desde su promulgación en 1853. Esta efeméride nos invita a reflexionar sobre uno de los temas más cruciales que se encuentran en su texto: la libertad de expresión y de prensa. Aunque algunos podrían considerar que este asunto es marginal, en realidad es un pilar esencial que sostiene el sistema republicano argentino, lo que lo convierte en un tema de profunda relevancia en el contexto actual.
La libertad de imprenta, tal como fue concebida por los constituyentes, ha evolucionado a lo largo de los años, pero su esencia permanece intacta. La tradición de permitir que el pueblo exprese sus ideas y critique al gobierno es una de las garantías más democráticas que se puede ofrecer. Juan Bautista Alberdi, uno de los padres fundadores del constitucionalismo argentino, destacó la importancia de la publicidad de los actos gubernamentales como herramienta para prevenir abusos de poder. En sus palabras, “La publicidad es la garantía de las garantías”, lo que resalta la necesidad de que la ciudadanía esté informada sobre las decisiones que los afectan.
El artículo 14 de la Constitución garantiza a todos los ciudadanos el derecho de difundir sus opiniones a través de los medios sin censura previa. Este derecho no es una concesión del Estado, sino una prerrogativa inherente al ser humano. La observación de Carlos Sánchez Viamonte sobre la libertad de prensa, como uno de los derechos más protegidos por la Constitución, subraya la conciencia de los constituyentes respecto a que un sistema republicano no puede existir sin una prensa libre y activa. Sin esta libertad, el diálogo democrático se ve severamente comprometido, y las voces críticas pueden ser silenciadas.
El constitucionalista Gregorio Badeni ha señalado que la libertad de expresión es un componente vital de la libertad de pensamiento y se manifiesta a través de diversos medios. Esto implica que cualquier forma de restricción, ya sea directa o indirecta, que limite la circulación de ideas debería ser motivo de preocupación. La pasividad ante tales restricciones no solo es una falta de acción; es, en esencia, una complicidad que puede tener efectos devastadores en la democracia. La ciudadanía debe estar alerta a cualquier intento de limitar este derecho fundamental, ya que su defensa es crucial para la salud del cuerpo político.
Joseph Story, al referirse a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, enfatizó que el Congreso no puede aprobar leyes que restrinjan la libertad de palabra o de prensa. Esta premisa es igualmente aplicable en el contexto argentino, donde la Constitución establece que ningún poder del Estado puede restringir válidamente la libertad de expresión. La protección de este derecho es fundamental para asegurar un debate público robusto y plural, donde se puedan confrontar distintas posturas e ideas.
Es importante destacar que la protección constitucional no se extiende a los medios de comunicación como entidades comerciales, sino al derecho a la libre expresión que se transmite a través de ellos. Así, cualquier intento de bloquear o censurar un medio de comunicación se traduce en un ataque directo a la libertad de expresión en sí misma. La forma en que se lleve a cabo esta censura —ya sea a través de regulaciones, presiones económicas o amenazas— no altera su naturaleza intrínseca, que es la de limitar el flujo de información y opinión en la sociedad.
Finalmente, Carlos Fayt, un referente en la interpretación de los derechos humanos y la libertad de expresión, enfatizó que estos derechos son inherentes al ser humano y deben ser defendidos con firmeza. La libertad de expresión y de prensa es un legado fundamental de nuestra Constitución que no solo debe celebrarse, sino también protegerse y promoverse constantemente, ya que es la base sobre la cual se asienta nuestra democracia. En tiempos de polarización y conflictos, recordar su importancia es más crucial que nunca.
