La reciente decisión de La Libertad Avanza (LLA) de frenar el funcionamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ha suscitado alarmas entre los sectores políticos y ciudadanos. Este organismo, que se encarga de proveer información técnica al Poder Legislativo, atraviesa un momento crítico tras la resolución de la comisión bicameral supervisora, compuesta mayoritariamente por legisladores oficialistas. La falta de transparencia en este proceso ha llevado a la oposición a expresar su alarma, acusando intentos de limitar la independencia de la OPC.
En una reunión realizada la semana pasada, y sin acceso público, se definió la implementación de una auditoría que afectará directamente la operatividad de la OPC. Esta medida fue impulsada por el senador Agustín Monteverde, líder de la comisión, que se formó apenas hace una semana. La ausencia de la transmisión de este encuentro por los canales oficiales del Senado ha alimentado las suspicacias sobre las verdaderas intenciones detrás de esta decisión, dejando un manto de incertidumbre sobre el futuro del organismo.
La auditoría, que ya ha comenzado a tener sus efectos, ha llevado a la OPC a suspender la publicación de sus informes mensuales, un recurso esencial para la transparencia en el manejo de los recursos públicos. A pesar de que se había solicitado a la oficina que presentara su memoria 2025 y su plan de trabajo anual, se le ha pedido que lo haga de manera diferente, lo que genera dudas sobre la voluntad del oficialismo de permitir que la oficina opere con la independencia necesaria.
El clima de tensión se intensifica con la participación del diputado Carlos Castagneto, quien ha expresado su desacuerdo y ha solicitado una nueva reunión de la bicameral en un plazo de 15 días, además de convocar al titular de la OPC para que explique la situación. Esto refleja un claro enfrentamiento entre las fuerzas políticas, donde la oposición se siente amenazada por la posibilidad de que el oficialismo busque controlar un organismo que debería ser técnico y autónomo.
Desde el oficialismo, se argumenta que la auditoría se debe a que han pasado tres ejercicios fiscales sin un examen formal de la gestión de la OPC, un argumento que ha sido cuestionado por la oposición. Las sospechas de un intento de control por parte de LLA son cada vez más evidentes, particularmente en un contexto en el que el gobierno ha sido criticado por no proporcionar información clara sobre los costos de sus iniciativas legislativas. Esta falta de transparencia ha sido un tema recurrente en los debates parlamentarios, creando un ambiente de desconfianza.
Uno de los episodios que ha alimentado la controversia fue la reciente discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, donde la oposición pidió insistentemente que se solicitara un análisis del costo de la propuesta a la OPC. Sin embargo, el oficialismo no tomó en cuenta estas solicitudes, lo que ha ocasionado que varios bloques opositores cuestionen la intención detrás de la auditoría y la manipulación de la información fiscal. En este contexto, el futuro de la Oficina de Presupuesto y su capacidad para desempeñar un rol esencial en el control del gasto público está en juego, lo que podría tener repercusiones significativas en la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno.
