En un intento por fortalecer la propuesta del Súper RIGI, un régimen que ofrece incentivos sin precedentes en la región, el Gobierno argentino ha convocado a representantes de las industrias energéticas y mineras. Sin embargo, estos sectores primarios no están incluidos en la nueva normativa, lo que ha generado confusión sobre el verdadero objetivo de esta iniciativa. Durante una presentación en la Cámara de Diputados, el secretario de Energía, Daniel González, expuso los detalles del proyecto, aunque su alcance real sigue siendo objeto de debate.
El Súper RIGI tiene como meta atraer inversiones significativas en proyectos industriales, tecnológicos y en la prestación de servicios vinculados a la infraestructura tecnológica y digital. A pesar de su ambicioso enfoque, la normativa establece que no se extenderán los beneficios a las actividades que ya forman parte del régimen RIGI, que tiene su fecha de caducidad en julio de 2027. Esta decisión ha sido confirmada por González, quien ha señalado que los sectores que ya se benefician no podrán acceder a las nuevas ventajas que ofrece el Súper RIGI.
La convocatoria a representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, y la Cámara Argentina de la Energía ha generado un aire de incertidumbre en el ámbito legislativo. Esto se debe a que el Gobierno, al presentar el proyecto, no ha logrado definir con claridad quiénes serán los verdaderos beneficiarios. La falta de un listado exhaustivo de industrias que podrían participar ha llevado a críticas y desconfianza por parte de los propios sectores involucrados.
En un contexto político donde La Libertad Avanza ha fijado un cronograma apretado para la discusión de este régimen, se espera que el 24 de junio se realice una votación crucial. Sin embargo, hasta el momento, no se ha registrado participación activa de los sectores que podrían ser favorecidos por el nuevo régimen, lo que plantea interrogantes sobre su viabilidad. En este sentido, González ha expresado que aún no tienen un conocimiento claro de todas las industrias implicadas, lo que complica aún más el panorama.
A pesar de estas dudas, los bloques opositores como la UCR y el PRO han manifestado su intención de apoyar el proyecto, lo que podría otorgar al Gobierno la mayoría necesaria para su aprobación en la Cámara Baja. Sin embargo, el verdadero desafío se presentará en el Senado, donde la oposición podría poner en jaque la continuidad del proyecto. En este marco, solo un legislador, Eduardo Falcone, ha hecho eco de su disposición a apoyar la ley, aunque ha solicitado garantías relacionadas con el financiamiento y la colaboración con universidades.
Desde diversos sectores, incluidos algunos miembros de Provincias Unidas, también se han escuchado voces a favor del Súper RIGI, aunque no sin antes exigir modificaciones. Un aspecto destacado es la necesidad de implementar un esquema de “Compre Local” que asegure un porcentaje de participación de la industria nacional. Esta demanda ha sido reiterada por la Unión Industrial Argentina en recientes reuniones, y refleja una preocupación por la necesidad de equilibrar los intereses de la inversión extranjera con el desarrollo del sector local.
En suma, el camino hacia la sanción del Súper RIGI está plagado de interrogantes y tensiones. La falta de claridad sobre los beneficiarios del régimen, sumada a las exigencias de los sectores involucrados, plantea un escenario complejo para el Gobierno. A medida que se acercan las fechas clave en el Congreso, el futuro de esta iniciativa se torna incierto, y la presión para encontrar consensos se vuelve más crítica que nunca.
