En la provincia de Buenos Aires, el debate sobre la desregulación del mercado inmobiliario ha cobrado un nuevo impulso, a medida que un grupo de diputados de La Libertad Avanza evalúa una propuesta que busca reformar la legislación vigente sobre la actividad de martilleros y corredores públicos. Esta iniciativa se alinea con un proyecto que el Gobierno nacional, bajo la dirección del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, planea presentar en el Congreso en las próximas semanas. La propuesta ha suscitado un creciente descontento entre los profesionales del sector, quienes ven amenazada su regulación y su modo de trabajo.
El eje central de esta discusión radica en la Ley 10.973, que establece los parámetros para la actuación de martilleros y corredores públicos en la provincia. Desde el ámbito de La Libertad Avanza, se argumenta que la normativa actual actúa como un obstáculo a la competencia y restringe la libertad de elección tanto para propietarios como para potenciales compradores. Esta perspectiva libertaria plantea que la eliminación de regulaciones podría facilitar un entorno más dinámico y accesible en el mercado inmobiliario.
La reforma que se propone prevé la habilitación de la intermediación inmobiliaria para individuos y empresas que no cuenten con un título profesional específico. Además, la propuesta incluye el principio de autonomía en la fijación de honorarios y comisiones, promoviendo acuerdos directos entre las partes involucradas. Este cambio podría transformar radicalmente la manera en que se establecen las tarifas en el sector, permitiendo una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades del mercado.
Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es la eliminación de las sanciones para aquellos que participen en transacciones inmobiliarias sin una matrícula habilitante. Actualmente, las penalidades en vigor pueden llegar a ser severas, incluyendo multas que duplican los honorarios cobrados por los martilleros. Esta eliminación de sanciones ha generado una fuerte oposición entre los profesionales del sector, quienes argumentan que la falta de regulación adecuada podría abrir la puerta a abusos y fraudes en el ámbito inmobiliario.
Los defensores de la iniciativa sostienen que el control legal de las operaciones inmobiliarias ya está garantizado por la participación de abogados y escribanos en el proceso, lo que hace innecesaria la exigencia de una matrícula para los intermediarios. Desde este punto de vista, la reforma no solo buscaría desregular el sector, sino también modernizarlo, adaptándolo a las nuevas realidades del mercado y a las demandas de los consumidores.
Este movimiento en la provincia de Buenos Aires se encuentra en consonancia con el proyecto que la administración de Sturzenegger está elaborando a nivel nacional, que también propone una revisión integral del sistema inmobiliario argentino. El borrador del Gobierno plantea la eliminación de la matrícula obligatoria y el requisito de un título universitario para ejercer en el corretaje, así como la liberalización de los honorarios y la posibilidad de operar de manera interjurisdiccional y a través de plataformas digitales.
La propuesta que están considerando los diputados de La Libertad Avanza representa un cambio profundo en el esquema actual del corretaje y la actividad de los martilleros, marcando un nuevo rumbo que podría tener repercusiones significativas en el mercado inmobiliario argentino. La resistencia del sector profesional pone de manifiesto la complejidad del debate, que no solo involucra aspectos económicos, sino también cuestiones de ética y responsabilidad en la intermediación de bienes raíces.
