La Cámara de Diputados dio este miércoles un paso significativo al aprobar la media sanción del proyecto de ley conocido como "Hojarasca", una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Este proyecto tiene como objetivo principal la derogación de numerosas leyes que el oficialismo considera obsoletas o innecesarias. La votación resultó en 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, reflejando un fuerte respaldo de diversas fuerzas políticas, aunque no exenta de controversias.
Entre los partidos que apoyaron la iniciativa se encuentran La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y parte de Provincias Unidas. Por otro lado, la oposición, compuesta por Unión por la Patria y varios sectores de izquierda, se mostró en contra y expresó sus reparos sobre la eliminación de ciertas normativas. Este contexto político y las posturas divergentes entre los bloques marcan un momento crucial en la agenda legislativa, donde la simplificación del marco normativo se presenta como un tema central.
Dentro de las leyes propuestas para su derogación, varias llaman la atención por su peculiaridad. Una de las más destacadas es la ley 20.802, que exigía un carnet obligatorio para mochileros que hicieran dedo con fines turísticos. Desde el Gobierno, se argumenta que esta norma no solo resulta anacrónica, sino que también habilitaba la posibilidad de detenciones arbitrarias, lo cual atenta contra la libertad de movimiento de los ciudadanos. La eliminación de esta ley es vista por el oficialismo como un paso hacia una mayor libertad individual.
Otra disposición que figura en la lista de derogaciones es la ley 27.171, que obligaba a registrar las palomas mensajeras de carrera bajo el control de la Federación Colombófila Argentina. La eliminación de esta normativa ha sido calificada por el Gobierno como una intervención estatal innecesaria, que restringe la actividad privada sin justificación. Este tipo de reformas busca desmantelar regulaciones que, según el oficialismo, no tienen cabida en un estado moderno y eficiente.
El proyecto también pretende eliminar la ley 20.120, que requería notificaciones y autorizaciones policiales para reuniones públicas en espacios cerrados. Desde la perspectiva del Gobierno, esta exigencia representa una violación a las libertades constitucionales, contribuyendo a un clima de inseguridad jurídica que desincentiva la participación ciudadana. La discusión sobre estas normativas pone de relieve un debate más amplio sobre el equilibrio entre la regulación y la libertad individual en la sociedad.
Además de estas leyes, el proyecto incluye la derogación de normativas que regulan cuestiones como la emisión de televisión en color y la creación de fondos estatales para actividades culturales. Por ejemplo, se menciona la ley 21.895, sancionada en 1978, que formalizó la llegada de la televisión color al país. El Gobierno argumenta que mantener una ley específica para una tecnología tan arraigada resulta retrógrado y contraproducente en un contexto donde la innovación y la modernización son prioritarias.
A pesar del avance en la votación, el oficialismo tuvo que ceder en algunos aspectos para poder avanzar. Un caso notable fue la decisión de no eliminar la ley 20.959, que otorga credenciales de libre circulación y estacionamiento a legisladores nacionales. Esta norma, que el Gobierno había considerado contradictoria con el principio de igualdad ante la ley, se mantuvo en pie tras las presiones ejercidas por varios bloques. Este tipo de concesiones evidencia la complejidad del proceso legislativo y las dinámicas de poder que se entrelazan en la Cámara de Diputados.
