En una sesión marcada por el debate sobre la ampliación del presupuesto del gobierno de Jorge Macri, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) llevó a cabo una votación crucial. Este jueves, los legisladores decidieron adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y, además, aprobaron la propuesta del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Ambas iniciativas, impulsadas por el bloque local de La Libertad Avanza, contaron con el respaldo del PRO, lo que demuestra una alineación política en torno a la promoción de inversiones en la ciudad.
Con 32 votos a favor y 27 en contra, CABA se suma al RIGI, un régimen que ha sido promovido a nivel nacional por el actual Ministro de Economía, Javier Milei, a través de la ley conocida como Bases. Este sistema de incentivos está diseñado para atraer inversiones significativas en sectores que son clave para el desarrollo económico del país, tales como el turismo, la infraestructura y la tecnología, que son altamente relevantes para la capital. Sin embargo, también contempla industrias como la minería y la energía, que están más asociadas a provincias con características económicas diferentes.
El RIGI se centra en lo que se conoce como Vehículos de Proyecto Único (VPU), que son entidades creadas exclusivamente para implementar proyectos de gran envergadura. Este régimen establece un umbral de inversión mínimo que asciende a 200 millones de dólares, lo que implica que solo aquellos proyectos que cumplan con estas exigencias podrán beneficiarse de los incentivos. Este marco regulatorio no solo busca atraer capital, sino también asegurar que las inversiones realizadas sean sostenibles y generen un impacto positivo en la economía local durante los primeros años de operación.
El proyecto de adhesión, que fue presentado por la legisladora Pilar Ramírez, describe el RIGI como un “instrumento excepcional” destinado a proyectos que requieren un nivel de inversión y complejidad notable. Hasta ahora, diversas provincias argentinas han optado por adherir a este régimen, incluyendo Catamarca, Córdoba, y Mendoza, lo que pone de manifiesto la creciente necesidad de facilitar el acceso a inversiones de gran escala en distintas regiones del país.
Además, se han reportado avances significativos en el ámbito nacional, ya que desde la reglamentación del RIGI, se han aprobado diez proyectos que suman un total de 25.479 millones de dólares, con un enfoque predominante en el sector minero y energético. Este dato pone de relieve el interés que el régimen ha despertado entre los inversores, lo que podría traducirse en un impulso considerable para la economía y la creación de empleo en el país.
Los beneficios fiscales que ofrece el RIGI son variados e incluyen la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los VPU, así como la devolución de saldos a favor de IVA en un plazo máximo de tres meses. Además, las empresas podrán acceder a importaciones sin aranceles de bienes de capital y durante los primeros tres años estarán exentas del pago de derechos de exportación. Este conjunto de medidas está diseñado para facilitar la operación de estos grandes proyectos y fomentar un clima de negocios más favorable.
Por otra parte, en lo que respecta a las operaciones cambiarias, el régimen establece que durante los dos primeros años de inversión, las empresas solo necesitarán liquidar el 20% de las divisas generadas. Este porcentaje se incrementará al 40% en el tercer año y alcanzará el 100% en el cuarto año. Además, las empresas que se adhieran al RIGI disfrutarán de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria por un periodo de 30 años, lo que otorga una mayor seguridad a los inversores en un contexto económico incierto.
