Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier Milei ha implementado una serie de políticas orientadas a reducir la dimensión del Estado, lo que se traduce en un proceso de venta de propiedades estatales que ha generado un ingreso significativo. En un lapso de dos años y cuatro meses de gestión, el Gobierno ha vendido un total de 15 inmuebles, logrando recaudar alrededor de 279 millones de dólares. Este movimiento se enmarca dentro de una estrategia más amplia que busca optimizar los recursos públicos y reducir costos operativos.
Las propiedades vendidas abarcan un total de 84.900 metros cuadrados que dejaron de ser parte del patrimonio estatal. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ha sido la encargada de gestionar estas ventas, que incluyen edificios que anteriormente pertenecieron a diversas instituciones, como el Ministerio de Defensa, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Entre los inmuebles también se encuentran propiedades que habían sido confiscadas en el marco de causas vinculadas a la corrupción y el narcotráfico, lo que añade un contexto de relevancia a estas transacciones.
En un informe presentado a la Cámara de Diputados, Manuel Adorni, actual ministro de Economía, mencionó la venta de seis propiedades por un total de 75,1 millones de dólares, correspondiente a los años 2025 y el primer trimestre de 2026. Sin embargo, un análisis más exhaustivo de los datos oficiales reveló que en el mismo período se habían vendido otras siete propiedades, además de dos en el año 2024. La recaudación total por estas transacciones alcanzó los 278.968.671 dólares, lo que refleja la magnitud de la política de desinversión estatal implementada por el actual Gobierno.
En paralelo a estas ventas, la AABE ha desafectado 35 inmuebles, lo que implica que estos dejaron de tener un uso específico o no estaban asignados a ninguna dependencia pública, con el objetivo de ser subastados. En total, estas propiedades suman 4.620.272 metros cuadrados. Hasta el momento, cinco de estos inmuebles ya han sido adjudicados a privados mediante subastas, formando parte del grupo de las 15 propiedades que se han vendido durante la gestión de Milei.
Dentro de los inmuebles desafectados, destacan dos grandes predios pertenecientes al INTA y al Instituto Nacional del Agua (INA), ubicados en Ezeiza y Cerillos, que abarcan un total de 720.000 metros cuadrados. El ingeniero agrónomo Gustavo Ramírez, coordinador del Área de Extensión del INTA en Salta, defendió el uso agrícola de estas tierras, enfatizando que siempre han estado en producción. Esta defensa subraya la preocupación sobre el destino de tierras que cumplen funciones productivas y su posible transferencia a manos privadas.
Otro inmueble relevante en el proceso de desafectación es un complejo turístico situado en la costanera del Embalse de Río Tercero, en Córdoba. Este espacio, que abarca aproximadamente 2.324.017 metros cuadrados, estaba bajo la jurisdicción de la Secretaría de Turismo y Ambiente y de la Administración de Parques Nacionales. La venta de este complejo se justifica a partir del Decreto 2.670/15, que permite declarar ciertos inmuebles como “innecesarios” cuando no son esenciales para la gestión del organismo al que pertenecen. Sin embargo, la Comisión Nacional de Monumentos ha intervenido en el proceso, exigiendo la preservación de los valores patrimoniales de este sitio, que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013.
La política de reducción del tamaño del Estado y la venta de propiedades estatales han generado un intenso debate en la sociedad argentina. Si bien algunos sectores defienden estas medidas como necesarias para sanear las finanzas públicas, otros advierten sobre los riesgos de despojar al Estado de activos que podrían ser útiles para la comunidad. En un contexto económico complicado, la discusión sobre el patrimonio estatal y su gestión es crucial para definir el rumbo futuro del país.
