El Gobierno dio recientemente pasos para reconfigurar la integración de la Sala I de la Cámara Federal Penal de la Capital, un tribunal que deberá intervenir en expedientes de alta relevancia institucional. Entre sus funciones se encuentra revisar decisiones vinculadas con el avance de investigaciones que podrían llegar a juicio oral, así como resolver planteos destinados a confirmar o dejar sin efecto sobreseimientos.
La sala actúa como una instancia decisiva en causas que involucran posibles hechos de corrupción de funcionarios públicos. Por ese motivo, la selección de los candidatos para cubrir sus vacantes tiene especial importancia. Entre los expedientes que eventualmente deberán ser analizados se encuentran las investigaciones por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y por un posible favorecimiento a determinados empresarios en la adquisición de vacunas contra el Covid.
Son dos los cargos que deben cubrirse. La situación se originó a partir de una resolución de la Corte Suprema que estableció que Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes habían sido trasladados desde otros tribunales, debían ser reemplazados por jueces que hubieran concursado específicamente para esos puestos con intervención del Consejo de la Magistratura.
El proceso también quedó atravesado por cuestionamientos al modo en que el Consejo aplicó ese criterio. Según el planteo expuesto, el organismo realizó una aplicación selectiva del fallo de la Corte, ya que al momento de la resolución existía una cantidad significativa de jueces trasladados en una situación similar a la de Bruglia y Bertuzzi. Esa circunstancia, de acuerdo con el mismo señalamiento, se mantiene actualmente, sin que se haya avanzado del mismo modo en todos esos casos.
