El reciente debate en torno a la ley de libertad educativa ha puesto sobre la mesa una cuestión que Argentina ha postergado durante años: no se trata solamente de qué contenidos se deben enseñar, sino de las normas que rigen el sistema educativo y los resultados que generan. Durante mucho tiempo, el financiamiento educativo ha sido público, pero la distribución efectiva de esos recursos depende, en la práctica, de la oferta estatal. Esto genera que las familias contribuyan con sus impuestos a un servicio del cual muchas veces no pueden elegir libremente. Cuando la institución educativa asignada no cumple con las expectativas mínimas, los padres se ven obligados a optar entre pagar nuevamente o conformarse con lo que tienen. Este dilema revela que el desafío es más de carácter normativo que ideológico.

En el marco de mi obra "Cinco leyes para el renacimiento de la educación argentina", afirmo que el estancamiento en la educación no se puede atribuir únicamente a la escasez de recursos o a fallas administrativas. La raíz del problema está en la estructura institucional existente. Un sistema que no pierde alumnos ante el fracaso no cuenta con incentivos adecuados para mejorar. Esto no se trata de actitudes individuales, sino de cómo las organizaciones responden cuando las normas en vigor no fomentan la responsabilidad. La ley de libertad educativa plantea un cambio en esta dinámica, sin eliminar el financiamiento público ni desproteger a los sectores más vulnerables. Su objetivo es alterar la dinámica del poder decisional, permitiendo que los recursos sigan a las familias en lugar de permanecer exclusivamente en manos de la administración.

La educación debe ser vista, ante todo, como una estrategia para formar capital humano. Su deterioro a lo largo de los años está directamente relacionado con el diseño institucional que la sustenta. Los sistemas cerrados, que evitan evaluaciones reales y carecen de competencia efectiva, tienden a perpetuar sus propias deficiencias. Para lograr cambios significativos en los resultados, es esencial modificar las reglas. Esta no es una discusión abstracta: las evaluaciones a nivel nacional e internacional han evidenciado un declive constante en la última década. Persistir en el mismo diseño institucional, cuando los resultados son insatisfactorios, deja de ser una opción sensata y se convierte en una negación de la realidad. La homogeneidad impuesta raramente garantiza calidad; la experiencia ha demostrado que la burocracia uniforme no corrige desigualdades, a menudo las refuerza. No se trata de fragmentar el sistema, sino de reconocer que el diseño actual no ha producido los resultados deseados. Los detractores de esta ley temen un aumento en la desigualdad. Sin embargo, el sistema vigente ya presenta desigualdades: quienes tienen la capacidad de elegir lo hacen, mientras que quienes no pueden se ven atrapados. Ampliar la capacidad de elección no crea brechas, sino que podría contribuir a reducirlas.

Si bien la ley de libertad educativa por sí sola no resolverá todos los problemas del sistema educativo argentino, sí invita a abordar una discusión que ha sido ignorada durante demasiado tiempo: si las normas actuales son realmente compatibles con los resultados que aspiramos a lograr.