La Corte Suprema de Justicia ha intimado al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz a que en un plazo no mayor a 48 horas envíe el expediente relacionado con la propuesta de ampliación del número de miembros del máximo tribunal provincial, que pasaría de cinco a nueve. Esta solicitud se produce en un contexto de tensiones políticas y judiciales que han marcado la agenda de la provincia, especialmente en relación con la reciente reforma impulsada por el gobierno local.
La decisión de la Corte Suprema se basa en un requerimiento anterior dictado hace dos semanas, el cual no fue cumplido en tiempo y forma. En su resolución, el alto tribunal nacional ha señalado la necesidad de recibir, en formato digital, “las actuaciones principales y de los incidentes de la causa 917/2025”, subrayando la urgencia del asunto. Este requerimiento se enmarca dentro de un proceso más amplio que involucra a la política provincial y la relación entre el gobernador Claudio Vidal y la oposición kirchnerista.
El conflicto comenzó a tomar forma en agosto del año pasado, cuando la Legislatura de Santa Cruz aprobó la ley 3.949, que establece la ampliación del Tribunal Superior de Justicia. Esta modificación fue promovida por el bloque oficialista “Por Santa Cruz”, que argumentó que la reforma era necesaria para modernizar y hacer más eficiente al máximo tribunal provincial. Sin embargo, la oposición, encabezada por el kirchnerismo, se opuso a la medida, argumentando que la ampliación podría ser utilizada como un mecanismo para consolidar el poder del actual gobierno, que ha desplazado a la fórmula kirchnerista que gobernó la provincia durante más de dos décadas.
El gobernador Vidal, quien ha mantenido una postura firme frente a las críticas, ha enviado cuatro ternas a la Legislatura para la designación de nuevos jueces, aunque hasta el momento solo se han aprobado dos de los cuatro postulantes. Entre los elegidos se encuentran Sergio Acevedo, un conocido exgobernador de la provincia y exjefe de la SIDE durante el mandato de Néstor Kirchner, y José Antonio González Nora. Esta situación ha incrementado las tensiones entre el Ejecutivo provincial y el Tribunal Superior, lo que ha llevado a la Corte Suprema a intervenir en el asunto.
La Corte Suprema se propone analizar la constitucionalidad de la ley que permite esta ampliación y las decisiones que han surgido en el ámbito judicial de Santa Cruz. Este análisis es fundamental, ya que la composición del tribunal puede influir significativamente en el funcionamiento de la justicia en la provincia, así como en la resolución de los conflictos legales y políticos que se presenten en el futuro.
El enfrentamiento entre el gobierno provincial y la Corte ha llevado a una serie de declaraciones públicas. Vidal, en defensa de su postura, enfatizó: “No me importan los aprietes, la justicia debe ser independiente y tiene que trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”. Esta afirmación refleja la postura del gobernador en un momento donde las tensiones políticas pueden tener repercusiones en la administración de justicia en la provincia. A medida que la Corte Suprema avanza en su investigación, el desenlace de este conflicto podría redefinir la estructura del poder judicial en Santa Cruz y sentar un precedente para otras provincias en situaciones similares.
