En la provincia de Buenos Aires, el debate sobre la ley que regula las reelecciones de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares está tomando un nuevo rumbo. A medida que se acercan las elecciones del próximo año, los legisladores provinciales están considerando la posibilidad de que sea la Suprema Corte de Justicia la que se pronuncie sobre la aplicación de esta normativa. La falta de consenso político y el temor al costo electoral de modificar la legislación vigente han llevado a que los representantes busquen una solución en el máximo tribunal, el cual podría decidir el destino de muchos funcionarios en funciones.

Históricamente, la ley que limita las reelecciones ha generado divisiones dentro de los distintos sectores políticos. En el peronismo, por ejemplo, existen voces disonantes entre los intendentes que apoyan el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof y aquellos que defienden el statu quo. Los primeros se oponen a la restricción que solo permite una reelección consecutiva, mientras que en el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, se sostiene que no es necesario modificar la normativa. Este último grupo recuerda que fue en 2016 cuando se alcanzó un acuerdo con la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, para establecer estas limitaciones.

Por otro lado, tanto el PRO como el radicalismo se han manifestado en contra de cualquier cambio a lo que consideran un acuerdo previamente establecido. Sin embargo, en el ámbito político bonaerense, la realidad parece ser más compleja. Muchos intendentes de la UCR se encuentran en una situación delicada, ya que 17 de sus 27 jefes comunales no podrán postularse en 2027 si la ley 14.386 se mantiene. Esta contradicción lleva a que algunos expresen opiniones divergentes en público, mientras que en privado abogan por una revisión de la ley, lo que pone en evidencia las tensiones internas dentro de los partidos.

El PRO, a pesar de su resistencia a discutir la ley actual, tiene antecedentes que complican su postura. En 2021, cuando se modificó la interpretación de los mandatos anteriores, algunos de sus legisladores votaron a favor de cambios en la ley o facilitaron el quórum para avanzar en la discusión. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la coherencia de su posición actual y si en el futuro podrían estar dispuestos a respaldar una reforma.

Desde el kirchnerismo, figuras como Máximo Kirchner han enfatizado que no se debe limitar la voluntad del electorado. No obstante, en caso de que se decida abrir el debate, se espera que el gobernador Kicillof presente un proyecto formalmente. La composición actual de la Legislatura, donde el peronismo es la primera minoría en Diputados y cuenta con quórum propio en el Senado, complica aún más la situación, ya que la falta de apoyo de la oposición y las diferencias internas dentro del propio bloque son evidentes.

La incertidumbre en torno a las alianzas y acuerdos es palpable. Son pocos los legisladores que están dispuestos a asumir el riesgo político que implicaría un cambio de ley, dado que podría interpretarse como un intento de perpetuación en el poder. En este contexto, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, del MDF, ha sido el único que abiertamente sugirió que la solución a este dilema podría encontrarse en los tribunales, visibilizando así el descontento entre sus pares.

A medida que se aproxima un año electoral, la discusión sobre una posible reforma política en la provincia de Buenos Aires se intensifica, incluyendo la implementación de la Boleta Única, un tema que también genera controversia. La resolución de la Corte podría no solo aclarar el panorama sobre las reelecciones, sino también influir en el futuro de la política local, marcando un precedente que impacte en las futuras elecciones y en la dinámica de poder en la provincia.