La consejera de Salud del Gobierno de Baleares, Manuela García Romero, ha expresado su firme desacuerdo con el Proyecto de Ley de Estatuto Marco, declarando que carece de viabilidad jurídica y no cuenta con un informe de impacto económico. Durante su intervención en el 'Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press' en Madrid, García Romero lamentó que la actual situación haya llevado a la normalización de una huelga médica, algo que no sucedía en la región desde 1997. Este conflicto ha puesto de manifiesto la falta de diálogo y la incapacidad del gobierno para abordar las inquietudes del sector sanitario.

García Romero subrayó su preocupación por la falta de claridad en cuanto a la financiación de este proyecto de ley y la ausencia de elementos fundamentales para la salud pública. La consejera afirmó que las reivindicaciones de los profesionales son legítimas y dignas, pero advirtió que el problema radica en la incapacidad del gobierno para gestionar la situación de manera efectiva. En este sentido, la consejera mencionó que Baleares ha suspendido alrededor de 67.000 consultas, lo que evidencia la gravedad del contexto actual y la necesidad de una gestión más responsable y menos reactiva.

El auge de la huelga médica ha ido acompañado de la aparición de nuevas protestas, como la anunciada por técnicos sanitarios. García Romero mencionó que durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se discutió la necesidad de un mediador y de una nueva reflexión sobre el tema, pero estas propuestas fueron rechazadas por la ministra de Sanidad, Mónica García. La consejera enfatizó que escuchar y negociar las reivindicaciones de los trabajadores es una obligación del gobierno central y no solo de las comunidades autónomas.

Además, García Romero no dudó en pedir nuevamente la dimisión de la ministra de Sanidad, afirmando que la responsabilidad última recae en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La consejera indicó que es esencial que el presidente tome medidas para afrontar la crisis sanitaria actual, que se ha visto exacerbada por la huelga médica. A su juicio, los paros de los facultativos han acarreado un coste significativo para la región, estimado en 8,2 millones de euros.

Pese a las dificultades, García Romero observó que la situación podría estar beneficiando al gobierno central, ya que las listas de espera en Baleares han aumentado menos que en el promedio nacional. Sin embargo, advirtió que las autoridades están reprogramando consultas y aumentando la actividad quirúrgica, lo que podría ser insuficiente ante la magnitud del problema. La consejera hizo un llamado a la acción, instando a los responsables a tomar decisiones efectivas para mejorar la atención sanitaria en la comunidad.

Por último, en relación con el futuro decreto del gobierno central sobre listas de espera, García Romero expresó su incertidumbre sobre el proceso, señalando que el grupo de trabajo encargado no se ha reunido. Esta falta de coordinación genera preocupación y dudas sobre cómo se implementarán las medidas necesarias para abordar el problema de las listas de espera en la región. En este contexto, la consejera reiteró la importancia de una gestión eficaz y un diálogo abierto para evitar que la situación sanitaria continúe deteriorándose.