La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de las normativas que regulan el mercado de capitales, enfocándose en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este cambio, que fue formalizado el día jueves a través de la Resolución General 1139/2026, se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio del Gobierno nacional por actualizar y fortalecer el marco regulatorio del sector financiero. El impacto de estas nuevas disposiciones se sentirá en diversas áreas, afectando tanto a los operadores del mercado como a los inversores.
Uno de los cambios más significativos es la prohibición del uso de efectivo en las transacciones del mercado de capitales, a excepción de ciertas situaciones específicas que se relacionan con el nuevo régimen simplificado de Ganancias. Esta medida busca fomentar la transparencia y el control de las operaciones financieras, permitiendo que las transacciones se realicen exclusivamente a través de medios bancarios o electrónicos, cuya trazabilidad es fundamental para la regulación. Con esta decisión, la CNV espera reducir las oportunidades para la evasión fiscal y el lavado de dinero, alineándose así con las mejores prácticas internacionales en materia de regulación financiera.
La resolución también amplía las responsabilidades de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), quienes ahora deberán cumplir con requisitos de información y control que son similares a los aplicables a otros actores del mercado. Esta inclusión es un reflejo de la creciente importancia de los activos digitales en el ámbito financiero, así como del reconocimiento de los riesgos asociados a su uso. Los PSAV deberán proporcionar información sobre beneficiarios finales y realizar un seguimiento más riguroso de las operaciones, incorporando un enfoque basado en el riesgo que permita identificar y mitigar posibles amenazas en el sistema.
Además, la normativa establece plazos concretos para que los agentes actualicen la información que envían a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF). En situaciones en las que haya cambios en los beneficiarios finales, los sujetos obligados tendrán un plazo de 30 días corridos para cumplir con esta obligación. Este aspecto es crucial para mantener la integridad del sistema y asegurar que la información disponible sea siempre precisa y actualizada, contribuyendo así a un entorno financiero más seguro y confiable.
Otro de los puntos relevantes de la reforma se centra en los criterios de idoneidad y solvencia que deberán cumplir aquellos que deseen registrarse como agentes ante la CNV. Para ello, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de antecedentes penales, situación patrimonial y vínculos con actividades delictivas, incluyendo el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta evaluación tiene como objetivo asegurar que solo aquellos con un historial limpio y transparente puedan participar en el mercado de capitales, reforzando la confianza del público y de los inversores.
Por último, se establecen restricciones para los inversores extranjeros, quienes ahora solo podrán operar en el mercado argentino si provienen de jurisdicciones que no sean catalogadas como de alto riesgo ni figuren en listas de países no cooperantes en términos de transparencia fiscal. Esta medida busca proteger el sistema financiero argentino de potenciales riesgos asociados a capitales de origen dudoso, garantizando un entorno más seguro para todas las partes involucradas. La implementación de estas reformas representa un paso importante hacia la modernización y fortalecimiento del marco regulatorio del mercado de capitales en Argentina.
