La Cámara Nacional Electoral (CNE) ha tomado la decisión de intervenir judicialmente el Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Salta, un movimiento que surge tras más de un año de tensiones y desacuerdos entre la dirigencia nacional del partido, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, y los líderes locales. Esta intervención ha sido motivada por el incumplimiento de los plazos establecidos para las elecciones internas y la falta de acciones concretas por parte de los interventores designados previamente.
En este contexto, la CNE ha nombrado a José Luis Napoleón Gambetta como nuevo interventor judicial, a quien se le ha encomendado la tarea de regularizar la situación del partido mediante la organización de elecciones internas. Estas elecciones son fundamentales para restablecer el funcionamiento democrático dentro del PJ de Salta, que se ha visto afectado por la prolongada intervención de la conducción nacional. La necesidad de un cambio se ha vuelto apremiante, ya que el partido no ha logrado llevar adelante elecciones internas desde que se instituyó la primera intervención el 24 de febrero de 2025, lo que ha generado un vacío institucional significativo.
La intervención original del PJ en Salta fue confirmada por el Congreso Nacional del partido el 20 de mayo del mismo año, cuando se nombraron a Sergio Berni y María Luz Alonso como interventores. Sin embargo, el control del partido fue luego transferido a los referentes locales Pablo Kosiner y Nora Cannuni, quienes propusieron realizar elecciones internas para el 25 de octubre de 2026. Esta propuesta, que se dio a conocer en un contexto de urgencia, fue considerada desproporcionada dado que el plazo de intervención original había vencido, lo que llevó a la CNE a tomar cartas en el asunto.
La CNE, en su fallo, destacó que los anteriores interventores no lograron llevar a cabo ninguna actividad que pudiera considerarse un avance hacia la normalización del partido. Este vacío de acción fue interpretado como una falta de respeto hacia los derechos de los afiliados del PJ en Salta, quienes se han visto privados de su capacidad de decisión interna. La intervención, que según la Ley 23.298 es una medida excepcional, tiene como finalidad restablecer la normalidad en situaciones de crisis, y no debe ser utilizada como una herramienta permanente para el control.
El tribunal también subrayó que el uso prolongado de la intervención por parte del PJ nacional había derivado en un abuso de poder, sin resolver los conflictos internos ni respetar la autonomía del distrito. La propuesta de celebrar elecciones internas en una fecha tan lejana como 2026 fue calificada como tardía, lo que reafirma la necesidad de una gestión más efectiva y transparente en la conducción del partido.
Gambetta, en su nuevo rol, deberá presentar informes quincenales sobre sus actividades y mantener informado al Juzgado Federal correspondiente en Salta. Esta medida busca garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera clara y con los procedimientos adecuados, asegurando así que los afiliados del PJ puedan ejercer su derecho a elegir a sus autoridades de manera efectiva y democrática. Esta intervención podría ser vista como una oportunidad para que el partido recupere su rumbo y restablezca la confianza entre sus militantes, quienes han estado esperando un cambio significativo en la dinámica interna del PJ.
