La denominación "kraisman" ha empezado a resonar con fuerza en el ámbito político de Córdoba, gracias a la actitud desmedida y caprichosa de ciertas personalidades que se mueven entre la política y los medios. Este término se utiliza para describir a aquellos que reciben una remuneración de la Legislatura de Córdoba sin cumplir efectivamente con sus labores, e incluso sin estar oficialmente en la lista de empleados.

Uno de los casos más representativos es el de Guillermo Kraisman, conocido operador territorial de un sector de la ciudad capital. Sin embargo, la situación es preocupante, ya que hay al menos cuatro individuos cercanos al ámbito opositor juecista que no han estado bajo la lupa de la prensa, y cuyas prácticas requieren una atención similar a la que recibe el mencionado Kraisman.

Las sombras del juecismo en la Legislatura

Estos otros "kraisman" dentro de la Legislatura, asociados a Luis Juez, aprovechan los contratos legislativos para apoyar actividades que no son retribuidas y se enfocan en el servicio al público, la gestión de afiliaciones partidarias e inclusive en el mantenimiento físico de las oficinas del partido en Córdoba.

Entre los casos que han surgido destacan:

  • Karina Colasanti: Se incorporó a la lista de la Legislatura en diciembre de 2023, pero no presenta asistencia regular, ni siquiera para cuestiones administrativas como la firma de renovaciones de su contrato.
  • Claudia Jara: Se la presenta como asesora legislativa, aunque es totalmente desconocida por el personal que trabaja en la Legislatura.
  • Pedro Pizzarro: Aunque su labor se centra en el mantenimiento de la sede del partido, oficialmente figura como asesor legislativo.
  • Facundo Almada: Sobrino de la legisladora Nancy Edith Almada, su presencia es casi nula, limitándose a renovar contratos mientras realiza tareas relacionadas con la administración inmobiliaria, asegurando fondos para cubrir el alquiler de la antigua residencia de Luis Juez.

La existencia de estos casos deja entrever una posible falta de control y transparencia sobre el uso de recursos públicos, lo cual podría ser un tema crucial en las próximas discusiones sobre la gestión política en Córdoba.