La administración de Axel Kicillof ha recibido recientemente una señal alentadora por parte de la Corte Suprema de Justicia en el marco de su reclamo por los fondos de la ANSES. Tras un largo periodo de tensiones políticas y múltiples solicitudes formales, la Corte decidió convocar a una audiencia con representantes de ambas partes, lo que el oficialismo bonaerense interpreta como un avance significativo en la disputa por una deuda previsional que, según las estimaciones, ya asciende a más de 2,2 billones de pesos.

El ambiente dentro del gobierno provincial se ha llenado de expectativas ante la próxima audiencia, programada para el 21 de abril. En esta reunión, la Provincia de Buenos Aires volverá a presentar su demanda por la falta de transferencias de fondos de la ANSES hacia la Caja de Jubilaciones provincial, una situación que ha generado un impacto económico considerable en el distrito. La apertura del expediente en la Corte ha reavivado la esperanza de que la resolución de este conflicto se incline a favor de la provincia, lo que podría transformar la relación de fuerzas con el Gobierno nacional. “Consideramos que hemos tenido un buen desempeño. Nuestra argumentación fue robusta y la Nación se ha comprometido a trabajar en el caso. Habrá que esperar”, señaló una fuente del gobierno provincial que sigue de cerca la evolución del tema.

La defensa de los intereses bonaerenses no recae exclusivamente en Kicillof y su ministro de Economía, sino que un equipo especializado se encarga de la estrategia ante el máximo tribunal. Este grupo está integrado por el Fiscal de Estado, Hernán Gómez; la presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti; el ministro Pablo López y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Durante la audiencia, estos representantes expusieron ante los jueces los detalles y el impacto que la deuda previsional tiene sobre la economía provincial, que ya supera los 2,2 billones de pesos.

La atmósfera política en torno a este reclamo se hizo evidente durante la presentación del Centro de Estudios Derecho al Futuro, donde Kicillof abordó el tema públicamente. Con un toque de ironía, el gobernador solicitó un aplauso para la Corte, lo que subraya la relevancia que su administración otorga a este proceso judicial y el gesto del tribunal al abrir la instancia. Este tipo de declaraciones no solo reflejan la urgencia del tema, sino que también buscan posicionar a la provincia en un lugar de mayor visibilidad en la agenda política nacional.

Una vez finalizada la audiencia, Pablo López ofreció un resumen de la situación, manifestando: “Hemos podido presentar nuestro reclamo en relación con la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con nuestra provincia en lo que respecta al sistema jubilatorio provincial. Esta deuda, que ya supera los dos billones de pesos, ha sido fundamentada en nuestros argumentos. Se ha establecido una nueva audiencia para el 21 de abril, donde el Gobierno Nacional se comprometió a colaborar. Esperamos que lleguemos a esa fecha con un reconocimiento de la deuda y un compromiso hacia la solución de este problema, dado que el Gobierno Nacional no está cumpliendo con las transferencias que debería realizar hacia la provincia de Buenos Aires.”

El funcionario destacó también el impacto fiscal que este asunto implica para la provincia, subrayando que el perjuicio no es meramente económico, sino que afecta a la capacidad de la administración provincial para atender sus obligaciones y garantizar los derechos de sus ciudadanos. En este contexto, el resultado de la próxima audiencia puede ser crucial no solo para la estabilidad económica de la provincia, sino también para la relación entre el gobierno provincial y el nacional, que ha estado marcada por tensiones y desacuerdos en distintas áreas.