En una reciente conferencia de prensa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó su opinión sobre el fallo favorable a la Argentina en el litigio relacionado con YPF, decisión que fue emitida por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Este veredicto revierte una sentencia anterior que obligaba al país a realizar un pago de 16.100 millones de dólares a Burford Capital, lo que representa un alivio significativo para las finanzas públicas de la nación. Kicillof no dudó en calificar este giro judicial como inesperado y lo interpretó como un triunfo en la defensa de los intereses argentinos en el ámbito internacional.
El gobernador enfatizó que la nacionalización de YPF es el núcleo del conflicto y que la reciente decisión judicial es parte de una historia que se remonta a más de 15 años, vinculada a las privatizaciones de los años 90. Según sus palabras, este caso no tiene relación directa con la actual administración, señalando que las privatizaciones de ese período fueron desastrosas para la economía argentina. "La privatización de YPF no solo resultó en un fracaso, sino que transformó a una nación que era autosuficiente en energía en un país que dependía de las importaciones de combustibles", afirmó.
Kicillof también subrayó el impacto negativo que tuvo la gestión de Repsol sobre YPF, donde la producción de petróleo se redujo drásticamente a la mitad y las reservas de gas y petróleo colapsaron. Esta reducción en la capacidad productiva de la empresa, que es considerada una de las más grandes del país, llevó a un problema macroeconómico estructural que afectó a toda la nación. "Argentina pasó de contar con un superávit energético de 6.000 millones de dólares a enfrentar un déficit de 12.000 millones", puntualizó el gobernador.
Defendiendo la legalidad del proceso de recuperación de YPF en 2012, Kicillof explicó que se siguieron todos los procedimientos necesarios conforme a la Constitución y las leyes argentinas. Detalló que el Estado tomó el control del 51% de las acciones de la compañía y se acordó una indemnización de 5.000 millones de dólares a Repsol. Esta decisión, que fue respaldada por una amplia mayoría en el Congreso, fue vista como un paso necesario para recuperar el control de un recurso estratégico para el país.
El mandatario también criticó la postura de la oposición, especialmente el PRO, cuyo líder, Mauricio Macri, sostiene que la gestión privada es más eficiente. "La recuperación de YPF se aprobó en el Congreso con 208 votos a favor, mientras que la oposición se opuso en su mayoría, lo que demuestra una falta de entendimiento sobre la importancia de la soberanía energética", argumentó Kicillof.
En cuanto al origen del litigio con Burford Capital, Kicillof explicó que un accionista minoritario, que había quebrado en España, vendió su derecho a litigar al fondo por la suma de 15 millones de dólares. A pesar de que se consideraba poco probable que este reclamo prosperara, la jueza Preska dictó un fallo favorable al fondo, lo que generó incertidumbre sobre el futuro de YPF y la capacidad del país para gestionar sus recursos energéticos. Kicillof concluyó su exposición reafirmando la necesidad de proteger los intereses nacionales frente a los embates de quienes buscan desestabilizar la soberanía argentina.
