El partido político Junts ha presentado una propuesta legislativa que busca establecer un marco legal para que el Estado financie un programa de asesoramiento gratuito destinado a pequeñas y medianas empresas (pymes) en temas de inclusión laboral. Esta iniciativa incluye una cláusula que obliga a las empresas con más de 50 empleados a desarrollar un plan anual de formación en inclusión si, después de seis meses de la entrada en vigor de la ley, no se asigna el presupuesto necesario para el apoyo técnico estatal.

La propuesta se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para mejorar la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Según lo indicado, si no existe financiación específica, las empresas deberán asegurar la capacitación de su personal de Recursos Humanos en áreas como la implementación de políticas inclusivas, la eliminación de barreras laborales y la promoción de la accesibilidad digital. Esto busca crear un entorno laboral más equitativo y libre de discriminación.

Junts ha argumentado que esta reforma es necesaria para garantizar que las pymes puedan cumplir con las normativas de inclusión sin que la carga financiera recaiga sobre las comunidades autónomas. La financiación del servicio se cubriría directamente desde los Presupuestos Generales del Estado, asegurando así que los recursos se distribuyan de manera justa y eficiente entre las diferentes regiones, de acuerdo a criterios que consideren la población y la situación laboral de las personas con discapacidad en cada comunidad.