La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata ha tomado la decisión de elevar a juicio a un prominente dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y a 26 individuos más. Esta resolución se deriva de un bloqueo ocurrido en marzo del 2021 en la planta de Lácteos Mayol, ubicada en Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas. Los cargos que enfrentan incluyen robo agravado, daños y amenazas coactivas, lo que ha generado un gran interés público dado el impacto que este tipo de acciones tiene en el ámbito laboral y empresarial.
El fallo del tribunal se produjo luego de considerar dos apelaciones: una interpuesta por Paulina Mayol, gerente de la empresa, que buscaba revertir el sobreseimiento de la mayoría de los imputados, y otra presentada por los defensores de los acusados, que pedían la nulidad de la causa. Los magistrados, Alejandro Gustavo Villordo, Fernando Jorge Mateos y Juan Alberto Benavides, decidieron por mayoría revocar el sobreseimiento parcial anterior y permitir que el caso avance a la etapa oral, donde se presentarán pruebas y testimonios que determinarán la culpabilidad o inocencia de los involucrados.
Entre los acusados se encuentra Guillermo Arregui, quien ocupa un puesto clave en la Seccional Cañuelas de ATILRA y es un nombre relevante dentro de la estructura del sindicato, liderado a nivel nacional por Héctor Ponce. Este episodio es emblemático de una tendencia que ha cobrado fuerza en el ámbito sindical argentino, donde los bloqueos se han transformado en una práctica común para presionar a las empresas en momentos de conflicto. La figura de Arregui y su relación con el sindicato destaca la complejidad de las dinámicas laborales en el país, donde el diálogo a menudo se ve eclipsado por medidas de fuerza.
Los 26 acusados que enfrentarán juicio son: Guillermo Facundo Arregui, Juan Carlos Esnaola, Carlos Miguel Barbero, Eduardo Fabián Mujica, Dante Heradio Lugo, Damián Ezequiel Muñoz, Darío Ricardo Montivero, Eduardo Ismael Rodríguez, Juan Pablo Miño, Néstor Fabián Bordón, Ramón Darío Miño, Cristian Edgardo Flores, Walter Raúl Ojeda, Héctor Ramón Díaz Inchauste, Maximiliano Eduardo Nicolás Casco, Jacinto Fabián Taborda, Alejandro Maximiliano Juárez, José Luis Méndez, Pablo Daniel Duville, Daniel Antonio Delari, César Sebastián Núñez, Hernán Alberto Galeto, Hernán Olive, Marcelo Adrián Madona, Maximiliano Luis Daniel Navarro, Julio César Sigales y Sergio Patricio Costa. La diversidad de los nombres sugiere una organización amplia y coordinada en la protesta, lo cual será crucial para la argumentación de la fiscalía.
El desarrollo del juicio oral será fundamental para esclarecer la responsabilidad de cada uno de los acusados y si hubo un plan común que justificara la acción delictiva. La investigación se inició tras la denuncia de Dardo Juan Mayol, presidente de Lácteos Mayol, quien reportó que entre el 1° y el 6 de marzo de 2021, un grupo de al menos 28 personas, identificadas como miembros de ATILRA, ocupó el acceso a la planta, obstaculizando el ingreso de propietarios y empleados. Esta denuncia pone de manifiesto no solo la gravedad de las acusaciones, sino también el clima de tensión que puede existir en el sector lechero.
Los testimonios recogidos durante la investigación indican que la protesta no solo incluyó la inhibición del acceso a la fábrica, sino también agresiones verbales y amenazas hacia el personal. Se registraron daños materiales significativos, como la rotura de candados, cables eléctricos y cámaras de seguridad, además de la sustracción de productos, incluyendo al menos 40 potes de dulce de leche y diversos tipos de quesos. Esta situación plantea interrogantes sobre cómo se manejan las disputas laborales en el país y el uso de la violencia en el contexto de la lucha por los derechos laborales.
El avance de este caso hacia un juicio oral puede sentar un precedente importante en la manera en que se abordan las protestas laborales en Argentina. La resolución del tribunal no solo es un paso hacia la justicia para la empresa afectada, sino que también podría tener repercusiones en la relación entre sindicatos y empresas en el futuro. En un país donde el conflicto laboral es una constante, el desenlace de este juicio podría influir en la forma en que se gestionan las tensiones entre derechos laborales y protección del patrimonio empresarial.
