El juicio contra Stefanía Belén Troncoso, una mujer de Entre Ríos que generó controversia al expresar en redes sociales un deseo de atentado contra el ex presidente Mauricio Macri, comenzará este viernes 17 de noviembre. La acusada enfrenta una pena de prisión que oscila entre los dos y seis años, en un caso que ha resonado en el ámbito político y social del país. Su comentario, realizado en el marco de una noticia sobre la visita de Macri a la provincia, fue calificado como una amenaza seria, lo que desencadenó una serie de acciones legales por parte de las autoridades.
El episodio que originó la denuncia ocurrió en julio de 2019, cuando el entonces presidente Macri arribó a Entre Ríos para inaugurar un frigorífico en la localidad de Paraná. En un contexto económico complicado, con caída de reservas, alto riesgo país y una inflación interanual que superaba el 54%, su visita generó reacciones diversas. En medio de este clima, Troncoso publicó en el muro de Elonce.com: “¡Por favor, que alguien le dé un tiro en la frente!”, un comentario que no pasó desapercibido y que dos personas reportaron a través del 0800 del Ministerio de Seguridad.
La denuncia fue derivada a la Policía Federal, que bajo la dirección de Néstor Roncaglia, actual ministro de Seguridad de Entre Ríos, inició las investigaciones pertinentes. La denuncia llegó al Juzgado Federal de Julián Ercolini, quien, debido a cuestiones de competencia territorial, trasladó el caso al Juzgado de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos. Este último tomó las riendas del caso y designó al fiscal Carlos García Escalada para que se encargara de la acusación.
La gravedad del caso fue reconocida rápidamente por el fiscal, quien solicitó la indagatoria de Troncoso. El 3 de agosto de 2020, la mujer fue llamada a declarar, aunque decidió no responder preguntas en ese momento. A raíz de esta primera declaración, el juez Ríos dictó su procesamiento el 14 de diciembre de ese año, un fallo que fue apelado por la defensa. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Paraná confirmó la decisión del juez el 29 de abril de 2021.
Durante la instrucción, se recolectaron diversas pruebas que enriquecieron el expediente. Informes de empresas de telecomunicaciones, declaraciones de testigos y los antecedentes penales de Troncoso fueron incluidos en el caso. La acumulación de evidencias llevó a que la situación legal de la acusada se tornara cada vez más compleja, generando un marco de atención tanto en el ámbito jurídico como en los medios de comunicación.
Este tipo de episodios no solo pone de relieve los desafíos que enfrenta la seguridad pública en el contexto actual, sino que también refleja la postura del gobierno anterior respecto a las amenazas en redes sociales. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había adoptado una política de cero tolerancia hacia este tipo de agresiones, argumentando que se debía judicializar cada caso para desincentivar la violencia en la política. El juicio contra Troncoso se convierte así en un símbolo de la lucha contra la impunidad en el discurso violento en el ámbito digital, un fenómeno que continúa generando debate en la sociedad argentina.
