Martín Irurzun, uno de los magistrados más prominentes de la Cámara Federal de Comodoro Py, ha lanzado una ofensiva legal para continuar en su cargo más allá de los 75 años, una edad límite establecida por la Constitución argentina. A través de una medida cautelar presentada ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, el juez busca suspender la aplicación de dicha cláusula que lo obligaría a dejar su puesto el próximo 18 de julio, coincidiendo con su cumpleaños. Esta acción es un claro intento por parte de Irurzun de evitar lo que considera una injusticia que lo apartaría de su labor judicial en un momento crucial.
La presentación de Irurzun, que cuenta con el respaldo del abogado Alberto Spota, se opone al artículo constitucional que requiere que los jueces que alcanzan esta edad obtengan un nuevo acuerdo del Senado para poder seguir en funciones. Este contexto se torna aún más complejo debido a la decisión del gobierno de Javier Milei de no enviar el pliego de Irurzun a la Cámara alta, lo que implica que, si no se revierte la situación, el magistrado deberá abandonar su cargo automáticamente en poco más de un mes. Esta dinámica resalta la tensión actual entre el poder judicial y el ejecutivo, en un momento donde la independencia judicial es objeto de escrutinio público.
La Cámara Federal de Comodoro Py es fundamental en el sistema judicial argentino, ya que se encarga de revisar las decisiones de los jueces de primera instancia en casos de corrupción y asuntos relacionados con funcionarios de alto nivel. La influencia de Irurzun en esta Cámara ha sido significativa, especialmente desde que estableció lo que se conoce como la "doctrina Irurzun" en 2017, un criterio que permite dictar prisión preventiva sin una condena firme si existe la posibilidad de que el imputado pueda interferir en la investigación. Esta doctrina ha sido utilizada en casos de alto perfil, involucrando a exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, como la detención de Julio de Vido y Amado Boudou.
La diputada Marcela Pagano ha solicitado que se aplique este criterio a Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, aunque su pedido fue desestimado por el fiscal Gerardo Pollicita. Este tipo de situaciones pone de manifiesto el uso de la doctrina Irurzun en el contexto político actual, donde los límites entre la justicia y la política parecen ser cada vez más difusos. Irurzun, al cuestionar la validez de la cláusula que establece el límite de edad, argumenta que la Convención Constituyente de 1994 no tenía la autoridad para imponer restricciones etarias en el ejercicio de la magistratura, lo que, según él, haría que esta disposición sea "nula de nulidad absoluta".
La controversia en torno a su permanencia se intensifica al considerar que la ley que habilitó la reforma constitucional solo autorizó discutir mecanismos de designación y remoción, sin embargo, no se contemplaron restricciones relacionadas con la edad. Este punto es crucial, ya que Irurzun sostiene que, a pesar de los precedentes establecidos por la Corte Suprema, su caso particular presenta argumentos que podrían influir en una nueva interpretación. En 2017, el máximo tribunal validó la cláusula en el caso del juez Leopoldo Schiffrin, desestimando un criterio favorable a Carlos Fayt, quien había logrado continuar en funciones tras cumplir 75 años.
Sin embargo, la situación actual de la Corte, con cambios en su composición, podría influir en la interpretación de estos precedentes. Irurzun ha argumentado que los estándares de la Corte han evolucionado, lo que podría permitirle reconsiderar su situación. En este contexto, la lucha de Irurzun por mantenerse en su puesto no solo es una cuestión personal, sino que también refleja el complejo entramado de poder que existe entre el ejecutivo y judicial en Argentina, así como las implicaciones que esto podría tener en la administración de justicia en el país.
