Un informe confidencial elaborado por un grupo de expertos internacionales ha puesto en la mira la licitación de la Hidrovía, el proceso de privatización más significativo durante la administración de Javier Milei. Este documento, que ha llegado a manos de uno de los consorcios que participan en la licitación, denuncia una serie de irregularidades en el pliego de condiciones, generando temor sobre la transparencia del proceso. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) es la entidad señalada por su aparente manejo poco claro de las normas que rigen esta importante concesión.

El estudio revela que el pliego de la licitación podría haber estado diseñado para favorecer a ciertos participantes, lo que alimenta las sospechas sobre un posible direccionamiento en la elección del ganador. Entre los competidores se encuentra un consorcio que incluye a la empresa belga DEME NV y al fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), entre otros. Este hecho ha llevado a que la brasileña DTA Engenharia, que no logró avanzar en el proceso, presentara una ampliación de denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la cual ya tiene un expediente abierto sobre la concesión de la Vía Navegable Troncal del Paraná.

Una de las principales preocupaciones del informe es la fijación de un precio mínimo para el peaje, que se sospecha podría haber inducido a una paridad anticompetitiva entre las empresas concursantes. Según el análisis, este mecanismo no solo podría haber inflado el costo final del contrato preadjudicado por la Anpyn en un 17%, sino que también contraviene los principios básicos de una licitación justa. La denuncia sostiene que tal práctica es inadmisible, ya que perjudica la naturaleza competitiva que debe imperar en el proceso de selección de oferentes.

El contexto político también juega un papel fundamental en esta situación, ya que las dudas sobre el manejo del proceso llegan hasta el despacho del ministro de Economía, Luis Caputo. Su firma es un requisito indispensable en este tipo de privatizaciones, lo que añade un nivel de complejidad a la ya cuestionada licitación. La presión para concluir el análisis en un plazo de dos semanas, sumada a la posibilidad de desalentar impugnaciones por un valor de 10 millones de dólares, plantea serias interrogantes sobre la integridad del proceso.

El documento de cuatro páginas, redactado en inglés, ofrece un análisis cronológico de los eventos que marcaron la licitación, detallando minuciosamente cada fase de apertura de sobres. Un aspecto que destaca es que el cronograma establecido por el pliego fue inusualmente acelerado para una licitación de esta magnitud, con solo 48 días hábiles para la presentación de propuestas. Esta situación favoreció a la empresa Jan de Nul, mientras que las solicitudes de prórroga de tres competidores fueron desestimadas sin mayor consideración, lo que refleja una falta de flexibilidad en el proceso.

Desde un punto de vista técnico, el informe señala que la Anpyn descalificó casi en su totalidad la experiencia internacional en dragado de DEME, a pesar de que esta empresa presentó ocho de los nueve proyectos requeridos. Además, se cuestiona la validez de los criterios utilizados para evaluar la experiencia en guías de navegación, lo que sugiere un posible sesgo en la evaluación de las propuestas. Este tipo de irregularidades plantea serias dudas sobre la transparencia y equidad del proceso de licitación, lo que podría tener repercusiones significativas en el futuro de la Hidrovía y en la confianza en la gestión del Gobierno.