Las autoridades judiciales de Irán han hecho un llamado a la cautela ante la reciente incautación de bienes y la posibilidad de aplicar la pena de muerte a quienes sean considerados colaboradores de Estados Unidos o Israel. Este pronunciamiento se produce tras la detención de diez individuos extranjeros, acusados de realizar actividades de espionaje en el noreste del país. Golamhosein Mohseni Ejei, el jefe del poder judicial iraní, subrayó que aquellos que amenacen la seguridad nacional enfrentarán severas consecuencias legales.
La Guardia Revolucionaria de Irán, según la agencia ISNA, confirmó la captura de los detenidos en la provincia de Jorasán Razaví, donde se encuentra la ciudad de Mashhad. Se alega que cuatro de ellos fueron arrestados mientras intentaban recolectar información sobre instalaciones estratégicas y económicas del país. Además, se reporta que tres de los detenidos, entre ellos un líder de un grupo terrorista monárquico, estaban planificando operaciones en el terreno, aunque no se han revelado sus identidades ni más detalles sobre sus actividades.
Estas detenciones se producen en un contexto de alta tensión militar y en medio de nuevas negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. La organización Human Rights Activists in Iran ha reportado más de 3.000 muertes desde el inicio de la ofensiva militar conjunta entre ambos países, cifra que supera ampliamente el balance oficial iraní. Las autoridades han intensificado sus medidas de seguridad en áreas clave del noreste iraní, afirmando que varios de los arrestados estaban recibiendo apoyo y financiación de grupos hostiles, vinculados a intereses estadounidenses e israelíes.
