La justicia federal ha puesto en marcha una investigación sobre Demian Ernesto Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., a raíz de un requerimiento del fiscal Ramiro González. Este proceso se desencadenó tras la denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien señaló posibles irregularidades en el manejo de tarjetas corporativas de la empresa estatal. La denuncia no solo apunta a Reidel, sino también a otros miembros del directorio y funcionarios involucrados, lo que ha suscitado un amplio interés por las implicaciones de la gestión pública y el control administrativo en el uso de recursos estatales.
La denuncia presentada por Pagano se basa en un documento que detalla el uso de una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402, que habría sido utilizada entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Según el fiscal González, es crucial determinar si existieron irregularidades que pudieran tener implicaciones penales en la utilización y administración de estos recursos. La denuncia menciona una serie de posibles delitos, incluyendo administración fraudulenta, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, lo que refleja la gravedad de las acusaciones.
El informe que originó la investigación fue presentado en el Congreso como parte de un pedido de acceso a la información pública. Este documento, titulado "Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.", contiene detalles sobre transacciones realizadas en el periodo mencionado, incluyendo fechas y montos en pesos y dólares. Según el análisis de este reporte, los gastos observados parecen estar desvinculados de los objetivos sociales y institucionales de Nucleoeléctrica, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad de los mismos.
González también ha señalado que el reporte no especifica quiénes fueron los responsables de cada transacción, lo cual es un aspecto crítico en la rendición de cuentas. Sin una individualización clara de los usuarios de la tarjeta y sin documentación que respalde el destino de cada gasto, se complica la transparencia y la justificación de estas erogaciones. Este vacío informativo podría ser clave para determinar la responsabilidad de los involucrados en la gestión de estos recursos.
Además, el fiscal ha subrayado que, aun si los gastos se hubieran realizado durante viajes oficiales, estos consumos podrían no ajustarse al régimen normativo vigente en materia de viáticos. Esto indica una posible violación de las normativas que regulan el uso de fondos públicos, lo que podría agravar aún más la situación de los acusados. La falta de claridad sobre la naturaleza de los gastos plantearía un escenario preocupante en términos de administración pública y el correcto uso de recursos estatales.
Como parte de las primeras acciones en esta causa, el fiscal ha solicitado que se incorporen formalmente los informes de gastos al expediente y que se identifiquen a todos los titulares y usuarios autorizados de la tarjeta corporativa en cuestión. Con la investigación en marcha, se espera que surjan más detalles sobre la gestión de Nucleoeléctrica y la posible existencia de conductas delictivas, lo que podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y administrativo del país. La sociedad aguarda con atención cómo se desarrollarán los acontecimientos y qué medidas se tomarán para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
