En medio de un clima de tensión por los reclamos de prestadores y médicos que trabajan con el PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, se han revelado nuevos escándalos que han encendido las alarmas en el organismo. Esteban Leguízamo, el actual titular del PAMI, ha intentado calmar la situación al afirmar que se han regularizado las deudas acumuladas hasta el 31 de marzo y que los pagos correspondientes al mes de abril están siendo gestionados en este momento. Sin embargo, las auditorías internas han sacado a la luz una serie de irregularidades que podrían comprometer aún más la reputación de esta institución crucial para la salud de los adultos mayores en el país.
Una de las irregularidades más impactantes se encuentra en el módulo destinado a Veteranos de Guerra, donde se han validado más de 4.400 órdenes médicas durante los últimos tres meses para afiliados que en realidad no tienen derecho a este beneficio. Este desvío ha generado pérdidas significativas para el PAMI, alcanzando la suma de 102.803.877 pesos por prestaciones no autorizadas. Este escándalo ha puesto en la mira a más de 400 médicos de cabecera, lo que representa el 5,6% de la lista total de profesionales habilitados, y ha llevado a las autoridades a abrir investigaciones para determinar la magnitud de las irregularidades.
Además de las anomalías en el módulo de Veteranos, se han documentado otros casos que evidencian un sistema de atención médica que carece de controles efectivos. Se han encontrado registros de médicos que afirman atender a pacientes en consultorios ubicados a cientos de kilómetros de distancia en un lapso de tiempo que resulta materialmente imposible. Esta situación pone de manifiesto una falta de supervisión que podría estar facilitando el fraude dentro del sistema de salud pública, dejando a los jubilados y pensionados en una situación vulnerable.
Ante esta crisis, las autoridades del PAMI han señalado que la implementación de un nuevo nomenclador, conocido como el “Nomenclador de Médicos de Cabecera unificado y actualizado”, es fundamental para mejorar la fiscalización de los servicios prestados. Esta normativa fue aprobada mediante la Resolución 1107/2026 y publicada en el Boletín Oficial, y entró en vigencia el 9 de abril. Sin embargo, su introducción ha sido rechazada por muchos prestadores, quienes consideran que no resolverá los problemas de fondo, sino que podría complicar aún más la situación.
La Resolución 1107 busca integrar las prácticas médicas en un solo esquema, eliminar la dispersión normativa que existía hasta el momento y reordenar los códigos y prestaciones. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la eliminación de ciertos códigos correspondientes a prácticas individuales, como las consultas pediátricas, que ahora estarán incluidas dentro de la cápita mensual. Este cambio pretende reducir el peso de los procedimientos individuales y reforzar el modelo capitado, que implica un pago fijo por cada afiliado.
Las reformas propuestas generan un amplio debate entre los profesionales de la salud y los funcionarios del PAMI. Mientras algunos argumentan que estas medidas son necesarias para evitar futuros desvíos y mejorar la calidad de atención, otros sostienen que la implementación apresurada de estas políticas podría afectar la atención de los beneficiarios. Con la presión sobre PAMI en aumento y la necesidad de garantizar un servicio adecuado a los jubilados, se vislumbra un futuro incierto, donde la confianza en el sistema de salud pública se encuentra en juego y la necesidad de una reforma profunda se presenta como una urgencia ineludible.
