La investigación en curso sobre la criptomoneda $LIBRA ha tomado un giro significativo luego de que el querellante Martín Romeo presentara una solicitud a la Justicia para que se convoque a declarar al presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, y varios funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de estos nombres, se incluye a empresarios y operadores del ecosistema cripto que, según la denuncia, estarían involucrados en lo que se describe como una "estructura organizada" destinada a llevar a cabo una estafa de magnitud presidencial. La presentación se basa en acusaciones de cohecho y negociaciones incompatibles, y sostiene que desde 2018 se habría gestado una "asociación ilícita" que diseñó y ejecutó un plan fraudulento con conexiones tanto locales como internacionales.
El escrito del querellante reconstruye una cronología que traza lo que él califica como "el camino del delito", identificando diferentes fases que habrían comenzado hace más de cinco años. Durante este tiempo, se alega que se formó una estructura que se dedicó a la manipulación de mercados y la captación de inversores. Romeo argumenta que este periodo inicial no debe ser visto simplemente como un antecedente, sino como una "escuela delictiva" que preparó el terreno para las futuras maniobras fraudulentas relacionadas con $LIBRA.
Uno de los aspectos más alarmantes de la denuncia es la supuesta utilización de la figura de Javier Milei como un instrumento para atraer inversores. El abogado Nicolás Oszust, quien representa a Romeo, sostiene que el grupo involucrado aplicó sus conocimientos en el manejo de operaciones financieras complejas y evasión fiscal para vaciar el token $LIBRA en 2025. Según la denuncia, esta maniobra se llevaría a cabo utilizando un tuit presidencial como un "gatillo emocional" para manipular a los inversores.
La denuncia también sugiere que ya en 2024 se habría estado utilizando la imagen del entonces candidato Milei para atraer capitales en el exterior, especialmente ante fondos internacionales. Esta estrategia, que implicaría un uso indebido de la imagen pública de un líder político, es presentada como un elemento central en la captación de inversiones que podrían estar vinculadas a la criptomoneda.
Para respaldar sus afirmaciones, la querella incluye una serie de evidencias que abarcan desde conversaciones privadas hasta registros digitales. En una de las comunicaciones mencionadas, se hace referencia a la creación de comprobantes falsos, lo que sugiere una clara intención de encubrir actividades irregulares. Un mensaje revela cómo se planeaba elaborar una factura falsa utilizando herramientas de diseño, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de las operaciones. Asimismo, se citan intercambios que sugieren el uso de billeteras cripto con el fin de evadir la trazabilidad financiera, lo que podría constituir una violación de las normativas vigentes.
Otro punto crucial de la denuncia es la supuesta inserción de personajes clave dentro de organismos reguladores. Romeo sostiene que la llegada de un asesor a la Comisión Nacional de Valores (CNV) no es un hecho aislado, sino que resulta fundamental para demostrar la maniobra delictiva, ya que implicaría una "captura regulatoria" del Estado. Esto sugiere que la organización habría logrado influir en la redacción de leyes relacionadas con el sector cripto desde adentro, lo que podría abrir la puerta a una mayor regulación y control del ámbito financiero digital en el país.
La denuncia también menciona acuerdos con actores extranjeros y movimientos financieros que podrían estar vinculados a un esquema mucho más amplio que lo inicialmente presenciado. Un contrato mencionado en el documento parece implicar relaciones con entidades internacionales que podrían haber estado al tanto de las prácticas irregulares. La complejidad de la situación y la cantidad de actores involucrados subrayan la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. En este contexto, el caso $LIBRA se convierte en un punto crítico no solo para la administración de Milei, sino también para el futuro del marco regulatorio del sector cripto en Argentina.
