El Concejo Deliberante de Morón ha tomado la decisión de interpelar al intendente Lucas Ghi en respuesta al reciente descubrimiento de más de 500 gramos de cocaína en la vivienda de Luna Suyai Ortigoza, quien fuera directora de Políticas de Género y Diversidad del municipio. Ortigoza, que se encuentra actualmente prófuga de la justicia, ha desatado un escándalo que ha sacudido los cimientos políticos de la localidad. La medida de interpelación, impulsada por la oposición, ha logrado reunir el apoyo de 16 votos, lo que permitió convocar al jefe comunal para que explique públicamente las contrataciones y los controles internos del municipio.
La obtención de los dos tercios necesarios para la interpelación se ha visto facilitada por la fractura del peronismo en Morón. Miembros de Unión por la Patria, leales al ex intendente Martín Sabatella, se alinearon con la oposición, mientras que los concejales del Movimiento Derecho al Futuro, que apoyan al gobernador Axel Kicillof, se opusieron a la medida y no lograron frenar la votación. Esta división dentro del oficialismo ha puesto de manifiesto la tensión política en la región, donde la búsqueda de responsabilidades está en el centro del debate.
El escándalo en torno a Ortigoza ha propiciado una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, donde se debatieron las responsabilidades institucionales y la respuesta del Ejecutivo ante la crisis. La interpelación permite que, en un plazo de cinco días hábiles, el intendente o un funcionario designado se presenten para detallar los procedimientos de selección de personal, los filtros de antecedentes y las medidas adoptadas desde que se conoció la investigación judicial. Durante la sesión, varios concejales utilizaron la palabra “destitución”, lo que refleja la gravedad de la situación y el clima de incertidumbre que atraviesa el gobierno local.
La oposición, particularmente el bloque de La Libertad Avanza, ha defendido la importancia de que el intendente dé la cara ante el Concejo. La concejal Alejandra Liquitay enfatizó que “el intendente es responsable de su gabinete” y criticó la idea de que la interpelación sea considerada una “opereta”. Liquitay resaltó que la ciudadanía exige respuestas claras sobre el caso y que la seriedad del asunto justifica la presencia del máximo responsable del municipio en el recinto legislativo.
A medida que el caso ha ido tomando notoriedad, la presión social sobre los concejales ha crecido. Liquitay mencionó que los vecinos han estado solicitando información desde que se conoció el escándalo, y señaló que el problema trasciende lo político, afectando directamente a las comunidades más vulnerables del distrito en un contexto de creciente preocupación por el narcotráfico. La concejala cuestionó la reticencia del Ejecutivo a proporcionar explicaciones directas y la preferencia por comunicarse a través de medios ajenos al Concejo, lo que alimenta la desconfianza entre los ciudadanos.
La sesión extraordinaria también reveló diferencias en la forma en que se gestionan los casos de este tipo y la respuesta institucional que se brinda. Mientras la oposición exige una mayor transparencia y rendición de cuentas, el oficialismo parece dividirse en su enfoque, lo que podría tener repercusiones en la percepción pública sobre la gestión de la seguridad y el bienestar social en Morón. Con la interpelación programada, los ciudadanos estarán atentos a las explicaciones del intendente y a las acciones que se tomarán en pos de recuperar la confianza en las autoridades locales.
