La Federación Argentina de Municipios (FAM) está en la etapa final de preparación de una denuncia judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta malversación de fondos públicos. Esta decisión surge tras la entrega de un documento que expone las serias consecuencias que los municipios están enfrentando debido al incumplimiento de las obligaciones del funcionario respecto al manejo de los recursos destinados a obras viales. Los intendentes han manifestado su descontento por la falta de respuesta del gobierno a su solicitud de colaboración para regularizar el flujo de fondos que son críticos para el desarrollo de infraestructuras en sus distritos.

Desde la modificación de la ley 23.966 por la ley 27.430, se establece que un porcentaje de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe ser destinado al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Esta normativa indica que hasta un 20% puede ser utilizado en infraestructura ferroviaria, mientras que el resto debe ser invertido en obras viales, conforme lo especifica el decreto 976/2001. Sin embargo, los intendentes sostienen que estos recursos han sido desviados por el gobierno, lo que podría configurar un delito de malversación de caudales públicos.

Uno de los alcaldes, en conversación con medios de comunicación, subrayó que Caputo está reteniendo fondos del impuesto que deberían ser utilizados para mejorar la red vial del país. En lugar de destinar estos recursos a obras públicas, se alega que están siendo utilizados para la especulación financiera, mediante la emisión de bonos y la compra de dólares, lo que agrava aún más la situación de los municipios que dependen de estos fondos. La preocupación radica en que los intendentes ven cómo su capacidad para llevar a cabo mejoras cruciales se ve limitada por la falta de recursos.

Los especialistas de la FAM han realizado un análisis exhaustivo de la situación y estiman que el año pasado el gobierno recaudó aproximadamente 3.5 billones de pesos para el fideicomiso de infraestructura de transporte. De esa cifra, se debería haber destinado alrededor del 80% al mantenimiento de rutas y obras viales. Sin embargo, según cifras oficiales del Ministerio de Economía, solo se transfirieron 1.2 billones a Vialidad, lo que significa que 1.15 billones de pesos se habrían utilizado para otros fines, posiblemente relacionados con el sector financiero. Esta discrepancia es la base sobre la cual se fundamenta la denuncia por malversación de fondos.

Durante una reunión celebrada en la sede de la FAM, encabezada por Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, se discutió la estrategia a seguir en caso de no recibir una respuesta urgente del gobierno. La comisión, integrada por jefes comunales de diversas fuerzas políticas, acordó avanzar con la acción judicial si no se establece un diálogo inmediato con las autoridades. Esta decisión refleja la unión de los intendentes frente a un problema que afecta a todos los distritos, independientemente de su pertenencia política.

En la Casa Rosada, la preocupación por estas potenciales denuncias ha crecido, ya que existe información sobre investigaciones en curso en Comodoro Py relacionadas con el uso indebido de los fondos. La posibilidad de enfrentar un nuevo frente judicial podría agravar la situación del oficialismo, que ya lidia con otros casos adversos en el ámbito judicial. Así, la tensión entre los intendentes y el gobierno nacional se intensifica, mientras los municipios continúan esperando respuestas concretas que les permitan acceder a los recursos necesarios para el desarrollo de su infraestructura y el bienestar de sus comunidades.