La Paz, 2 de mayo (Redacción Medios Digitales) - Tras una travesía de 24 días, una marcha de campesinos e indígenas de la Amazonía boliviana ha llegado a las cercanías de La Paz. Esta movilización, que comenzó en el departamento de Pando, busca manifestar su rechazo a una reciente ley de tierras que consideran perjudicial para sus derechos y propiedades. A partir del lunes, los manifestantes planean intensificar sus acciones en la capital, exigiendo la abrogación de la normativa que, según argumentan, pone en riesgo sus terrenos rurales.
El líder de la protesta, Faifer Cuajera, ha declarado que la movilización llegó hasta un punto conocido como Urujara, en la frontera entre La Paz y la carretera que conduce a la región de los Yungas. Cuajera enfatizó que esta lucha no es de índole política, sino una reivindicación social que busca defender los derechos de los pueblos originarios. La ley en cuestión fue promulgada el 8 de abril y ha generado un profundo descontento entre las comunidades afectadas.
La manifestación está compuesta por más de 100 participantes de las regiones de Pando y Beni, aunque se espera que se sumen más personas a lo largo del fin de semana. Cuajera, en su discurso, hizo un llamado a la unidad entre los sectores involucrados, reafirmando que no se rendirán en su lucha. "Estamos dando un plazo de 24 horas al gobierno a partir del lunes. No nos vamos a vender, y llevaremos nuestra protesta a un nuevo nivel", afirmó con firmeza.
Por su parte, la dirigente Vivian Palomeque criticó al Gobierno por su falta de interés en resolver el conflicto, señalando que un intento previo de diálogo en Caranavi no obtuvo resultados satisfactorios. "Si no hay respuesta del presidente, continuaremos nuestra lucha en La Paz, y las medidas de presión se intensificarán", advirtió Palomeque, quien también hizo hincapié en la importancia de contar con el apoyo de otros sectores sociales en su camino hacia la plaza Murillo, donde se encuentran los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En medio de este contexto, la Central Obrera Boliviana (COB), que representa a varios sindicatos del país, se ha declarado en huelga indefinida desde el 1 de mayo. Esta medida busca forzar al Gobierno a atender diversas demandas, incluida la revisión de la ley de tierras y un incremento salarial del 20%. La COB, que ha sido un aliado político de administraciones pasadas, está organizando protestas en varios sectores estatales, como educación, salud y minería, lo que podría amplificar el impacto de las movilizaciones.
El Gobierno de Bolivia, por su parte, ha manifestado preocupación ante lo que considera un posible "proceso conspirativo" detrás de las demandas de los sectores en conflicto. Las autoridades han hecho un llamado a la negociación, aunque insisten en que el diálogo no debe comprometer las transformaciones que se están llevando a cabo en el país. La tensión entre los sectores movilizados y el Ejecutivo continúa en aumento, y el desenlace de estas protestas podría tener implicaciones significativas para el futuro de las políticas agrarias en Bolivia.
