La Cuarta Marcha Federal Universitaria, programada para el martes 12 de mayo, se convertirá en una nueva manifestación del descontento entre las instituciones de educación superior y el Gobierno nacional, que ha implementado recortes significativos en el presupuesto destinado a la educación. Este evento, que tendrá su epicentro en la emblemática Plaza de Mayo, se replicará en diversas localidades a lo largo y ancho del país, incluyendo Jujuy, Tierra del Fuego, Rosario, Neuquén, Mendoza, Corrientes y Santa Fe, entre otras.

La movilización es organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA). El eje central del reclamo es que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue aprobada en octubre de 2025 y ratificada por la Justicia. Este marco legal busca garantizar un financiamiento adecuado para las universidades públicas, un aspecto que se ha vuelto crucial ante el contexto actual de recortes y ajustes.

Desde las instituciones educativas del interior del país, se expresan preocupaciones sobre cómo la reducción del presupuesto ha afectado diferentes áreas, incluyendo salarios de docentes y no docentes, las becas para estudiantes, la infraestructura, la investigación y la extensión universitaria. Los rectores coinciden en que el aspecto más crítico de esta situación es el impacto en los salarios, que han sido severamente golpeados por los recortes.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN, subrayó que las transferencias a las universidades han disminuido un alarmante 45,6% en lo que va de 2023, lo que ha llevado a que las universidades operen a la mitad de sus capacidades. Este panorama pone en riesgo no solo la calidad educativa, sino también la retención del personal calificado que es esencial para el funcionamiento de estas casas de estudio.

En una reciente decisión administrativa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron un nuevo recorte de $5.303 millones que afectará a las obras de infraestructura en universidades nacionales. Este ajuste forma parte de un recorte más amplio de $78.768 millones en el presupuesto 2026 de la Secretaría de Educación de la Nación. La comunidad universitaria teme que estas medidas, en lugar de solucionar problemas financieros, agraven la situación ya crítica de las instituciones educativas.

Bartolacci enfatizó que la urgencia de atender la situación salarial es apremiante, ya que la falta de recursos está llevando a la pérdida de personal docente valioso. Muchos educadores han optado por renunciar debido a la falta de condiciones adecuadas de trabajo, lo que a su vez genera una carga adicional para los que permanecen en sus puestos. La calidad de la enseñanza se ve comprometida no solo por la falta de personal, sino también por el fenómeno del pluriempleo, que afecta la dedicación y el compromiso de los docentes.

La situación se ha vuelto tan crítica que Bartolacci advirtió que si no se revierte el desfinanciamiento actual, la capacidad de las universidades para operar de manera normal se verá seriamente comprometida. La marcha en Rosario partirá desde la Plaza San Martín hacia el Monumento a la Bandera, donde se realizará un acto central a las 17 horas. La comunidad universitaria espera que esta movilización genere una respuesta del Gobierno y que se tomen medidas para revertir la situación que amenaza el futuro de la educación pública en el país.