El Ministerio de Capital Humano del Gobierno argentino ha dado inicio a sumarios contra los sindicatos Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad. Esta medida se produce tras la adhesión de ambos gremios al paro general del 19 de febrero, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en oposición a una reforma laboral que se debatía en ese momento en la Cámara de Diputados. Los sindicatos se defienden, argumentando que esta acción del gobierno representa una "sanción política".

Desde la cartera de Capital Humano sostienen que UTA y La Fraternidad no estaban en condiciones de llevar a cabo medidas de fuerza debido a que se encontraban bajo conciliación obligatoria. En un comunicado oficial, se indicó que la participación de estos sindicatos en el paro general constituyó una violación de la normativa impuesta por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, liderada por Julio Cordero.

El paro del 19 de febrero fue ampliamente respaldado, con la CGT informando un acatamiento del 90%, especialmente en el sector del transporte. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, criticó esta medida, afirmando que era "extorsiva" y contraria a la libertad y la democracia. Las posibles sanciones a los sindicatos podrían oscilar entre el 50% y el 2000% del salario mínimo por cada trabajador afectado, lo que generaría un importante impacto económico. Sin embargo, los líderes sindicales, como Mario Caligari de la UTA y Omar Maturano de La Fraternidad, han manifestado su desacuerdo con las acusaciones y se preparan para defenderse ante esta situación legal.