El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, lideró una delegación que se reunió con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ). El encuentro tuvo como finalidad exponer las inquietudes de los profesionales del derecho respecto a la reciente Acordada n° 11/2026, que establece nuevas disposiciones reglamentarias en relación con la presentación de recursos de inconstitucionalidad y de queja.
La Acordada, firmada por el Tribunal Superior, introduce formularios obligatorios que los abogados deberán utilizar para estos recursos. Esta medida ha generado preocupación en la comunidad jurídica, ya que se considera que podría implicar obstáculos en el acceso a la justicia. El contexto es particularmente relevante, dado que el TSJ ha experimentado un notable incremento en la cantidad de casos desde el fallo “Levinas” de la Corte Suprema, emitido en 2024, que ha sentado un precedente en la interpretación legal.
En la reunión, que tuvo lugar en la sede del TSJ en Cerrito 760, Gil Lavedra estuvo acompañado por la presidenta electa del Colegio de Abogados de la Ciudad, Alejandra García, y otros referentes del ámbito jurídico, como Rosalía Sylvestre y Juan Pablo Zanetta. Durante su exposición, Gil Lavedra enfatizó que la Acordada 11 no debería ser interpretada como un mecanismo para rechazar recursos sino como una herramienta de organización que busca mejorar la eficiencia del sistema judicial. "Es fundamental que la voz de los abogados sea escuchada en este tipo de decisiones que afectan directamente nuestro ejercicio profesional", argumentó.
Los miembros del TSJ, entre ellos la presidenta Inés Weinberg y la vicepresidenta Alicia Ruiz, escucharon atentamente las preocupaciones expresadas por la delegación. Según la Acordada, el “informe de actividad jurisdiccional 2025” señala un aumento significativo en el número de causas que llegan al Tribunal, una situación que el TSJ vincula directamente con la doctrina establecida por la Corte Suprema en el fallo “Levinas” y la reciente aprobación de la Ley 27.802. Este panorama ha llevado a la necesidad de implementar medidas que permitan gestionar adecuadamente los recursos judiciales.
Con la implementación de los nuevos formularios, el Tribunal busca establecer un procedimiento más claro y ordenado para la presentación de recursos, aunque la comunidad de abogados ha manifestado su preocupación por el impacto que esto podría tener en los derechos de defensa. Gil Lavedra y sus colegas solicitaron que se garantice que la opinión de los abogados sea parte de estos debates, subrayando que su participación es esencial para asegurar un sistema judicial justo y accesible para todos los ciudadanos.
Asimismo, la presidenta electa del CPACF, Alejandra García, hizo hincapié en la importancia de la transparencia en la gestión judicial. "Instamos a las autoridades a facilitar la circulación de expedientes en trámite, ya que esto no solo fomenta la confianza en el sistema, sino que también mejora su funcionamiento", afirmó. García asumirá su cargo el próximo 1° de junio, y su compromiso con la participación activa del Colegio en cuestiones que afectan a la abogacía es evidente.
En el marco de esta conversación, es crucial reflexionar sobre el rol del abogado en el sistema judicial argentino. La participación activa de los profesionales del derecho en la discusión de reformas y normativas es un pilar fundamental para garantizar un acceso equitativo a la justicia, en consonancia con los principios republicanos que rigen nuestra democracia. La Acordada n° 11/2026 representa un desafío que, si bien busca modernizar y ordenar el funcionamiento del TSJ, también debe considerar las voces de quienes ejercen la abogacía y, en consecuencia, son los defensores de los derechos de los ciudadanos.
