En medio de una controversia que ha sacudido el ámbito electoral en Perú, la empresa Galaga ha emitido un comunicado en el que defiende su desempeño en la entrega del material electoral para los recientes comicios. Esta situación se ha vuelto particularmente crítica tras los retrasos en la distribución de los insumos que llevaron a la extensión de las votaciones en Lima. Galaga argumenta que ha cumplido con todas las obligaciones contractuales y exige a las autoridades electorales las disculpas públicas correspondientes por las acusaciones que han afectado su reputación.
La empresa, que se encarga de la logística electoral, ha manifestado que su trabajo se ha llevado a cabo conforme a los Términos de Referencia establecidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En su defensa, Galaga enfatiza que la planificación y ejecución del servicio de transporte se realizó atendiendo a los requerimientos y plazos fijados por la ONPE. Sin embargo, los retrasos en la entrega de materiales en varias zonas de Lima han sido atribuidos a factores externos que escapan a su control.
En un comunicado, Galaga destacó que "las demoras observadas en la fase final del proceso electoral no son consecuencia de incumplimientos por parte de nuestra empresa, sino de circunstancias ajenas a nuestra operativa". Esta aclaración busca desmentir las afirmaciones del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien había señalado a la empresa como la principal responsable de los inconvenientes que afectaron el desarrollo de las elecciones.
La situación ha generado un fuerte impacto en la imagen de Galaga, que ahora se encuentra en la mira de las críticas. La empresa no solo solicita disculpas por las declaraciones de Corvetto, sino que también pide que se realicen las aclaraciones necesarias para salvaguardar su reputación. En este contexto, Galaga se ha mostrado dispuesta a colaborar con las investigaciones que se están llevando a cabo sobre este incidente, asegurando que ya ha proporcionado toda la información pertinente al contrato a la Dirección contra la Corrupción (Dircocor).
Las elecciones generales, que convocaron a más de 27,3 millones de ciudadanos a elegir nuevas autoridades para el periodo 2026-2031, se vieron marcadas por serios contratiempos logísticos. En Lima, algunos centros de votación abrieron con hasta cinco horas de demora, lo que generó un clima de tensión y descontento entre los votantes. En particular, se reportó que 13 locales electorales en el sur de la capital no pudieron abrir, lo que llevó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a extender el proceso electoral para esos casos hasta el lunes.
La situación actual refleja la inestabilidad política que ha caracterizado a Perú en los últimos años, donde la administración de ocho presidentes en una década ha dejado una profunda huella en el proceso electoral. Este contexto de crisis ha añadido complejidad a la ya difícil tarea de organizar elecciones en un ambiente de desconfianza. Las autoridades electorales y la empresa Galaga se encuentran bajo un intenso escrutinio, y el desenlace de esta controversia podría tener repercusiones significativas en la percepción pública y en futuras elecciones.
El desarrollo de estos acontecimientos no solo pone de relieve los desafíos logísticos asociados a la organización de elecciones, sino que también plantea preguntas sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas en el ámbito electoral. En un país donde la confianza en las instituciones es crucial, la resolución de esta situación es fundamental para restablecer la credibilidad en el proceso democrático.
