La Fiscalía Provincial de Madrid cuestionó la rapidez con la que el entonces juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, adoptó algunas decisiones durante la instrucción. El magistrado se jubiló el pasado fin de semana y, según el escrito fiscal, actuó con una “precipitación y celeridad” que no resulta “habitual en los usos conocidos”. También advirtió que “no es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”.
El fiscal del caso, José Manuel San Baldomero, formuló esas observaciones al pronunciarse sobre el recurso presentado por la defensa de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno en la Moncloa. La representación de Álvarez había cuestionado que Peinado convocara con apenas un día de antelación la audiencia preliminar del futuro juicio, a la que la investigada pretendía asistir, aunque no pudo hacerlo porque se encontraba de viaje en el extranjero.
Pese a las críticas, San Baldomero respaldó la decisión del juez y pidió que el recurso fuera desestimado. El fiscal coincidió con la defensa en que la salida de España de la investigada “en modo alguno supone un quebrantamiento ni supone colocarse fuera de la disposición del tribunal”.
En ese sentido, sostuvo que tampoco es “usual, habitual ni normal” que determinados trámites, incluidos sus horarios, se fijen con esa rapidez y dejen a las partes y a sus profesionales en “situaciones ciertamente extrañas”. Según planteó, esa dinámica obligó a realizar viajes intensos que, de todos modos, no evitaron que la comparecencia se celebrara con retraso. El escrito también aborda la cuestión de la presencia de las personas investigadas en este tipo de audiencias.
