El coronel mayor Ariel Guzmán, administrador del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), ha decidido ampliar una investigación que data de 2025, en relación a serias irregularidades detectadas en el pago de certificados de obras. La indagación se centra en trabajos de remodelación de una subdelegación y una farmacia de IOSFA en Mendoza, que, según se alega, no habrían sido llevados a cabo. Esta situación ha suscitado una atención considerable, ya que se estima que las cifras implicadas ascienden a alrededor de 500 millones de pesos.

La decisión de Guzmán, que fue nombrado por el ministro de Defensa, Carlos Presti, tiene como objetivo determinar si existen responsabilidades en niveles jerárquicos superiores, incluyendo al presidente de la obra social, así como otros actores involucrados en el proceso licitatorio. Un aspecto clave de esta investigación es dilucidar si ha habido connivencia entre las partes involucradas, especialmente con el contratista que se benefició de la licitación. La envergadura de las irregularidades y la potencial complicidad han generado un clima de desconfianza que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades.

La disposición DI-2026-177-APN-P#IOSFA, a la que hemos tenido acceso, establece que antes de tomar decisiones definitivas sobre el cierre del sumario y la posible responsabilidad administrativa y patrimonial, es imprescindible profundizar en el análisis de la intervención de instancias superiores. Además, se ha ordenado a la Unidad de Sumarios que esta ampliación de la investigación se realice con carácter prioritario y que se concluyan las indagaciones en un plazo de 30 días corridos. Este apuro en la investigación refleja la urgencia de la situación, dada la magnitud de los fondos involucrados.

La necesidad de esta ampliación surge a partir de un informe elaborado por la Unidad de Auditoría Interna (UAI 4/25) y de un sumario de 2025 que había sido solicitado por el entonces presidente de IOSFA, Roberto Fiochi. Fiochi, mediante la disposición DI-2025-145-APN-D-#IOSFA, había iniciado el proceso para determinar posibles responsabilidades administrativas, patrimoniales e incluso penales, en relación a las irregularidades que habían sido detectadas por la UAI. Estas irregularidades abarcarían no solo la gestión actual, sino también la del primer presidente de IOSFA, el médico mendocino Oscar Sagás.

El informe de la UAI reveló inconsistencias significativas en la ejecución de las obras relacionadas con la “Redistribución y puesta en valor de Farmacia Centro y Sub-Delegación IOSFA Mendoza”, correspondiente a la licitación pública N°24/2023. La empresa contratista fue adjudicataria de un monto de 292.600.000 pesos, lo que en aquel entonces equivalía a aproximadamente 216.000 dólares en referencia MEP. Esta cifra exorbitante ha levantado sospechas sobre cómo se han manejado los recursos y si se han cumplido efectivamente los trabajos por los cuales se pagó.

Fuentes cercanas a los trabajos en cuestión han informado que la obra de la subdelegación presenta serias deficiencias, como problemas en la impermeabilización de techos, que han llevado a la aparición de filtraciones, y también dificultades en el sistema de desagües. Estos defectos constructivos no solo ponen en evidencia la falta de calidad en la ejecución de las obras, sino que también generan serias preocupaciones sobre la gestión de los fondos públicos. La necesidad de un control riguroso y transparente se vuelve más urgente en este contexto, donde la confianza en las instituciones es fundamental.

En resumen, la ampliación de esta investigación en IOSFA no solo busca esclarecer las irregularidades en la ejecución de las obras, sino que también pone de manifiesto la importancia de la rendición de cuentas dentro de las instituciones públicas. La sociedad espera respuestas claras y contundentes que aseguren que los recursos asignados sean utilizados de manera eficiente y transparente. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción y la mala gestión en el ámbito público.