La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) ha manifestado su disposición a investigar las inspecciones que China lleva a cabo sobre los buques de bandera panameña que atracan en sus puertos. Este anuncio se produce en un contexto de creciente tensiones comerciales y políticas entre ambas naciones, y se contempla la posibilidad de imponer sanciones a las navieras chinas que operan en el mercado estadounidense si se determina que estas inspecciones son perjudiciales para el comercio marítimo exterior de Estados Unidos. Laura DiBella, comisionada de la FMC, comunicó esta advertencia en un documento oficial que fue distribuido por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, subrayando la seriedad de la situación.
DiBella se refirió a las retenciones de buques panameños en puertos chinos como "injustificadas y de carácter retaliatorio". La comisionada argumentó que Pekín estaría utilizando el protocolo del Estado rector del puerto, un mecanismo destinado a garantizar la seguridad marítima, como un medio de presión política. Este conflicto tiene raíces en una decisión judicial clave del 30 de enero de 2026, cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la concesión otorgada en 1997 a Panama Ports Company, una subsidiaria del conglomerado hongkonés CK Hutchison, para operar las terminales de Balboa y Cristóbal. Como resultado, el Gobierno panameño, liderado por el presidente José Raúl Mulino, ejecutó el fallo en febrero y transfirió la gestión a otras empresas, lo que llevó a CK Hutchison a calificar la medida de ilegal y a iniciar un arbitraje internacional en busca de compensaciones que superan los 2.000 millones de dólares.
Las estadísticas sobre las retenciones de buques han mostrado un aumento alarmante. Según datos del Memorando de Entendimiento de Tokio, que fueron recopilados por la Cámara Marítima de Panamá, se ha registrado un aumento del 145% en las detenciones durante el segundo trimestre de 2026. En total, se contabilizaron aproximadamente 470 retenciones en la primera mitad del año, superando ya las 256 que se habían reportado durante todo el año 2025. En marzo, el fenómeno alcanzó su punto máximo, con más del 75% de los buques detenidos en la región Asia-Pacífico siendo de bandera panameña y retenidos en puertos chinos.
La magnitud de esta situación ha convertido la disputa en un tema de interés directo para el gobierno estadounidense, dado que la Autoridad Marítima de Panamá registra alrededor de 8.638 buques, que totalizan 233,2 millones de toneladas de arqueo. La FMC ha señalado que esta flota juega un papel crucial en el transporte del comercio contenerizado hacia y desde Estados Unidos. DiBella enfatizó que el mundo no puede aceptar como normal estas detenciones continuas, ya que sentarían un precedente muy negativo para la cadena de suministro global.
Por su parte, el gobierno chino ha negado cualquier tipo de presión política en sus acciones, sosteniendo que las retenciones de buques se basan en criterios técnicos. Sin embargo, un informe del South China Morning Post, citando fuentes del sector, indicó que Beijing habría emitido directivas informales para intensificar las inspecciones después de la transferencia de las terminales en Panamá. Esta información ha generado dudas sobre la justificación de las retenciones y ha alimentado las tensiones en la relación comercial entre ambos países.
La situación fue abordada recientemente por el presidente Mulino en su discurso ante la Asamblea Nacional, donde reconoció que, a pesar de que las retenciones parecen estar disminuyendo, el impacto acumulado de estas acciones podría afectar negativamente la calificación de la flota panameña dentro del sistema de evaluación del Memorando de Entendimiento de Tokio. En un intento de mitigar los efectos de las retenciones, la Autoridad Marítima ha implementado un servicio de atención a armadores disponible las 24 horas, buscando así reducir los tiempos de respuesta y mejorar la situación de los buques afectados. Esta serie de acontecimientos pone de manifiesto la complejidad de las relaciones comerciales internacionales y la necesidad de un enfoque diplomático que evite una escalada mayor del conflicto.
