El Juzgado Federal Contencioso Administrativo, bajo la dirección de la jueza Macarena Marra Giménez, ha incorporado recientemente un documento del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en el marco de la causa relacionada con la licitación de los medios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este informe, que fue presentado el pasado viernes, insta al gobierno porteño a detener la concesión de estaciones de radio y un canal de televisión, advirtiendo que de continuar con este proceso se enfrentarían a posibles sanciones. Los trabajadores de estos medios, por su parte, han renovado sus llamados para que la jueza se pronuncie a favor de la medida cautelar presentada anteriormente.
El escrito elaborado por los representantes de ENACOM argumenta que el procedimiento iniciado a mediados de marzo, que busca transferir la operación de las radios AM 1110 (La Once Diez), FM 92.7 (La 2x4) y el Canal de la Ciudad a empresas privadas durante un periodo de cinco años a cambio de un canon de $718.965.000, infringe normativas legales y reglamentarias vigentes. Según el organismo, esta acción pone en riesgo la integridad del marco regulatorio que busca proteger la explotación de los medios de comunicación que han sido autorizados.
Juan Luis Ozores, interventor de ENACOM, también se dirigió a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, señalando que la convocatoria para la licitación podría estar en conflicto con la legislación actual. En su comunicación, Ozores mencionó que, si el Gobierno porteño insiste en seguir adelante con la concesión, se iniciarían las acciones sumariales correspondientes, que podrían incluir la sanción de caducidad para las autorizaciones de las frecuencias en cuestión.
El documento de ENACOM destaca que esta licitación contraviene el marco normativo nacional, haciendo hincapié en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) y el decreto 1225/2010. Este marco establece que las frecuencias son otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional, que tiene la autoridad sobre el espectro radioeléctrico, lo que limita la capacidad del gobierno porteño para concesionar estos servicios sin el debido proceso legal.
Un ejemplo ilustrativo que se menciona en el contexto de esta situación es la AM 1110, conocida como la radio más antigua del país. Anteriormente, esta emisora operaba en el dial 710, pero en 1997, tras una larga disputa con la administración de la ciudad, la frecuencia fue privatizada por la presidencia. Posteriormente, a través del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), se asignó una nueva frecuencia al Estado de CABA, un precedente que ahora se cita en la discusión actual.
A raíz de la difusión de la resolución del ENACOM, los empleados de las radios y la televisión pública local han solicitado al jefe de Gobierno que reconsidere la licitación y han instado a la jueza Marra Giménez a otorgar el amparo solicitado en el expediente. En su escrito, ENACOM también se centró en el artículo 44 de la ley de Medios, que establece el principio de "indelegabilidad" de los servicios de comunicación, subrayando que la operación de estos servicios debe ser llevada a cabo de manera directa por sus titulares y que su delegación representa una falta grave.
El principio de indelegabilidad, según ENACOM, busca garantizar que los titulares de las licencias mantengan el control efectivo sobre la operación de los medios. Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro de los medios públicos en CABA y sobre la capacidad del gobierno local para gestionar adecuadamente un servicio que es considerado de interés público. La tensión entre el gobierno porteño y el ente regulador, en este contexto, evidencia la complejidad de la normativa que rige la comunicación en el país y el papel crucial de los medios públicos en la esfera democrática.
