La reciente decisión del Gobierno argentino de eliminar progresivamente las retenciones a las exportaciones industriales marca un hito significativo en la política fiscal del país. Este cambio, que busca transformar la estructura tributaria existente, tiene como meta que para junio de 2027 solo 143 productos industriales sigan teniendo que abonar Derechos de Exportación (DEX), en un drástico contraste con los 17.229 que estaban sujetos a este impuesto a fines de 2023. La medida se presenta como un intento por mejorar la competitividad de las empresas argentinas, fomentar el incremento de las exportaciones y aligerar la carga impositiva que pesa sobre la producción local.
El nuevo régimen tributario comenzó a implementarse con la eliminación de retenciones para aproximadamente mil posiciones arancelarias, y su aplicación será gradual en los próximos meses. Este enfoque escalonado responde a la necesidad de ajustar el sistema de manera que no afecte de forma abrupta a los sectores involucrados. Sin embargo, no todos los productos se beneficiarán de esta medida; ciertos sectores, como los relacionados con el acero, el aluminio y los fertilizantes, seguirán siendo gravados, así como varios bienes de la agroindustria, además de productos de la industria petrolera y minera.
El objetivo central de esta reforma es reducir drásticamente el número de productos que actualmente enfrentan retenciones, estableciendo así un sistema exportador que funcione con una carga fiscal mucho más baja. Desde el Gobierno, se argumenta que esta medida contribuirá a la revitalización del sector industrial, que ha estado presionado por altos costos impositivos en los últimos años. Sin embargo, algunas cámaras empresariales advierten que aún existen actividades que enfrentan una carga tributaria considerable y piden una profundización en la eliminación de los DEX.
La eliminación de retenciones se inscribe en un contexto más amplio de reformas económicas que buscan reactivar la economía argentina. En el pasado, la imposición de derechos de exportación ha sido vista como un obstáculo para la competitividad de las industrias locales, dificultando su capacidad de competir en el mercado internacional. Con la implementación de este nuevo esquema, el Gobierno espera facilitar un entorno más favorable para los sectores productivos, alentando la inversión y la expansión de las capacidades exportadoras.
Es importante destacar que este proceso de eliminación no será inmediato. Desde el 1° de julio, con la entrada en vigencia del Decreto 566/2026, se dio inicio a la aplicación de esta nueva normativa, que contempla la reducción gradual de las retenciones hasta que, en 2027, se materialice el esquema definitivo. La mayoría de las industrias que anteriormente pagaban alícuotas que oscilaban entre el 3% y el 4,5% se verán beneficiadas, permitiéndoles operar con un mayor margen de ganancias.
No obstante, la persistencia de retenciones en ciertos sectores, como el de los fertilizantes y otros considerados estratégicos, genera un debate en torno a la equidad y la sostenibilidad del nuevo régimen. Al final de la transición, se estima que 1.695 bienes del sector agroindustrial y 111 relacionados con petróleo y minería seguirán sujetos a DEX. Esto plantea interrogantes sobre el equilibrio que se busca alcanzar entre la reducción de la carga fiscal y la necesidad de financiar el gasto público.
De este modo, el universo de productos que deberán pagar Derechos de Exportación se reducirá considerablemente, pasando de más de 20.000 posiciones arancelarias en 2023 a menos de 2.000 al finalizar el proceso de eliminación. Este cambio radical en la política de retenciones representa no solo un alivio para el sector industrial, sino también un desafío para el Gobierno, que deberá gestionar las expectativas de los diferentes sectores económicos mientras busca fortalecer la competitividad del país en el ámbito internacional.
