El Gobierno argentino ha llevado a cabo una medida significativa al eliminar los aportes obligatorios que las bodegas debían realizar para financiar las actividades de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). Esta decisión, que forma parte de un conjunto de políticas de desregulación impulsadas por la administración de Javier Milei, marca un cambio estructural en el ámbito vitivinícola del país y ha generado un amplio debate sobre las implicancias que tendrá en el futuro del sector.
La Resolución 55/2026, publicada en el Boletín Oficial, establece el fin del sistema de contribuciones obligatorias que estaba previsto en la Ley 25.849. Este cambio se produce en un contexto donde el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), que había sido el pilar del funcionamiento de COVIAR durante más de dos décadas, llega a su conclusión. Con esta medida, el Gobierno busca justificar la eliminación del esquema de recaudación que, a su juicio, ha perdido su base legal tras el vencimiento del plan original.
El artículo 6 de la resolución detalla la finalización de las contribuciones obligatorias y de cualquier financiamiento público nacional relacionado con el PEVI. Además, se establece un plazo de tres meses para que COVIAR presente un informe final que incluya la rendición de cuentas y un desglose del uso de los recursos acumulados durante la ejecución del plan. Esto implica un cambio drástico en la forma en que la entidad ha operado hasta ahora, dejando abierta la pregunta sobre cómo se sostendrá financieramente en el futuro.
Si bien la resolución no lleva a la disolución de COVIAR, sí elimina su principal fuente de financiamiento. La entidad, que ha sido un punto de encuentro entre cámaras empresariales, gobiernos provinciales y el Estado nacional, deberá ahora adaptarse a un nuevo esquema basado en aportes voluntarios. Sin embargo, esta medida se presenta como un desafío considerable, especialmente en un momento en que la industria vitivinícola enfrenta una crisis profunda, caracterizada por la caída de ventas tanto en el mercado interno como en las exportaciones.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, ha sido uno de los principales defensores de esta medida. El funcionario ha calificado el sistema de financiamiento anterior como “una aberración” que obligaba a los actores privados a mantener una estructura que, según su análisis, había dejado de ser relevante. Esta perspectiva refleja una visión más amplia del Gobierno sobre la necesidad de reducir las cargas impositivas y regulatorias en todos los sectores económicos.
Es importante señalar que esta decisión no solo afecta a las bodegas, sino que también pone en jaque la sostenibilidad institucional de COVIAR y su capacidad para seguir desempeñando un rol activo en la promoción y desarrollo del sector. La incertidumbre sobre el futuro de la entidad y la falta de un marco claro para su funcionamiento podrían agravar aún más la situación de una industria que ya se encuentra en crisis. La eliminación de los aportes obligatorios podría abrir la puerta a una mayor fragmentación en el sector vitivinícola, donde la colaboración y el trabajo conjunto han sido fundamentales para su desarrollo.
En conclusión, la eliminación de los aportes obligatorios a COVIAR representa un cambio significativo en la política vitivinícola del país. Las bodegas y otros actores del sector deberán replantear sus estrategias y buscar nuevas formas de financiamiento si desean continuar avanzando en un contexto de adversidad. La evolución de este tema será crucial para determinar el rumbo de la industria vitivinícola argentina en los próximos años, ya que enfrentará desafíos tanto internos como externos que pondrán a prueba su resiliencia y capacidad de adaptación.
