En el marco de las políticas económicas implementadas por el gobierno actual, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y su versión ampliada, el Super RIGI, han suscitado una serie de críticas tanto desde la oposición política como del sector empresarial. Este programa, concebido como un motor para atraer inversiones significativas al país, enfrenta un escrutinio creciente por parte de economistas y analistas que advierten sobre sus posibles efectos negativos en la estructura impositiva y económica de Argentina. La preocupación radica especialmente en que el programa podría favorecer a determinados sectores a expensas de otros, generando un mapa impositivo fragmentado.
La Unión Industrial Argentina (UIA) llevó a cabo una reunión de su Junta Directiva la semana pasada, donde se abordaron las implicaciones del Super RIGI en el entorno empresarial local. Durante este encuentro, se planteó la necesidad de que las empresas que se beneficien del programa establezcan redes de proveedores locales, sugiriendo que un 20% de sus suministros provengan de la producción nacional. Sin embargo, se excluyó de este cálculo a aquellas empresas que, por su naturaleza, ya están en condiciones de proveer, como aquellas del sector energético o de servicios básicos, lo que podría limitar la efectividad de esta medida.
Analistas económicos han expresado su preocupación de que el RIGI y su versión ampliada estén diseñados de tal manera que prioricen proyectos en sectores extractivos, como la minería y la energía, sin promover una integración adecuada con el resto de la economía. Esta tendencia podría llevar a que se ignoren oportunidades de desarrollo en otras áreas, lo que a largo plazo podría resultar perjudicial para el crecimiento sostenido del país. La falta de un enfoque integral podría consolidar una economía fragmentada, donde solo ciertos sectores se beneficien de incentivos estatales sin contribuir al desarrollo de un ecosistema económico más amplio.
Diego Coatz, director de la consultora I+D y ex máximo responsable de la UIA, ha señalado que el principal dilema no radica en si Argentina necesita inversiones, sino en la forma en que se están estructurando estas iniciativas. Coatz destaca que, si bien el país necesita grandes inversiones en sectores estratégicos, el diseño del Super RIGI presenta serias falencias. En su opinión, el programa otorga beneficios fiscales y regulatorios significativos a proyectos que aún no están claramente definidos, lo que representa un riesgo considerable para la economía nacional.
El economista también ha advertido que el régimen de incentivos carece de condicionalidades adecuadas. Según Coatz, las empresas que acceden a estos beneficios enfrentan pocas obligaciones en términos de desarrollo de proveedores locales, transferencia de tecnología y creación de empleo. En este sentido, sostiene que la magnitud de los incentivos otorgados no se justifica frente a la escasa reciprocidad exigida por parte del gobierno, lo que podría llevar a un uso ineficiente de los recursos públicos.
Una de las preocupaciones centrales que plantea Coatz es la posibilidad de que el Super RIGI cree un entorno de opacidad en la gestión de los proyectos que se acojan a este régimen. Mientras tanto, el resto de la economía continúa enfrentando altas cargas impositivas y desafíos en competitividad. Este escenario sugiere que podría consolidarse un sistema tributario desigual, donde se diferencien claramente las condiciones de las grandes inversiones extranjeras respecto a las que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, que hoy sostienen el peso del fisco.
El director de I+D concluye advirtiendo sobre el riesgo de consolidar un panorama marcado por tres realidades impositivas: una favorable para grandes inversiones, otra que penaliza a la industria y el comercio, y una tercera que se expande en la economía informal. Este último grupo ya representa casi el 50% de la población, lo que indica una preocupante tendencia hacia la fragmentación económica. En este contexto, Coatz sugiere que antes de implementar un Super RIGI, sería más útil establecer un régimen que priorice el desarrollo de proveedores locales, asegurando que los beneficios se distribuyan de manera más equitativa y efectiva en toda la economía.
