Desde el inicio del período ordinario el 1 de marzo, el Senado ha mantenido un ritmo de trabajo constante bajo la conducción de Javier Milei. Sin embargo, la posibilidad de realizar una sesión el próximo 29 de abril ha perdido fuerza entre los legisladores oficialistas y opositores dialoguistas, quienes han expresado una clara preferencia por esperar hasta mayo para retomar la actividad legislativa. Esta decisión se fundamenta en un análisis que considera tanto el contexto político como la falta de temas relevantes para abordar en el recinto.

Uno de los puntos de discusión que ha surgido en las últimas horas señala la inconveniencia de llevar a cabo una sesión paralela a la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados. Esta coincidencia de eventos podría restar atención y generar confusión en la agenda política. Además, la escasez de temas dictaminados para ser abordados en el Senado ha llevado a muchos senadores a cuestionar la conveniencia de abrir el recinto, especialmente si esto podría favorecer a la oposición kirchnerista, que podría aprovechar el espacio para posicionarse.

La alternativa de sesionar el 28 de abril fue rápidamente descartada, ya que el 30 de abril comenzarán una serie de audiencias públicas en la Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto. Durante estas audiencias se discutirán los pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo, lo que ha llevado a los legisladores a considerar prioritario concentrar sus esfuerzos en este proceso antes de volver a la actividad legislativa general. La situación se complica aún más con la propuesta que busca extender por cinco años la labor del camarista federal Carlos Mahiques, una medida que ha sido objeto de debate durante más de dos años y que ha generado tensiones en el ámbito político.

Entre los proyectos que han quedado pendientes, se destaca la iniciativa presentada por la radical Carolina Losada, que se centra en las denuncias falsas. A pesar de que el proyecto ha sido tratado en varias ocasiones y está listo para ser votado, la falta de consenso entre algunos aliados ha puesto en duda su viabilidad. Legisladores han manifestado su descontento con la redacción final del proyecto, lo que ha alimentado una atmósfera de incertidumbre en torno a su aprobación. La situación se complica aún más en la Cámara de Diputados, donde el escenario es considerado más delicado y donde la cantidad de apoyos se ha mantenido ajustada.

De cara al mes de mayo, la bancada de La Libertad Avanza, liderada por Patricia Bullrich, se prepara para discutir la ley que busca “blindar” la propiedad privada. Este proyecto está siendo debatido en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que están dirigidas por legisladores oficialistas. La discusión ha sido intensa, con la participación de cerca de 25 disertantes, incluyendo al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien abrió el debate. Sin embargo, la tensión ha crecido entre los sectores dialoguistas, quienes han presentado propuestas para modificar el texto original, sugiriendo que el proyecto no se aprobará en su forma más pura como desea el Ejecutivo.

Finalmente, el Senado también deberá abordar las recientes leyes relacionadas con la discapacidad y la salud mental. Estas iniciativas están programadas para ser revisadas en la Comisión de Salud, que ya cuenta con sus miembros designados, aunque aún no ha celebrado su reunión constitutiva formal. La urgencia de estas leyes y su impacto en la comunidad han llevado a los legisladores a considerar la necesidad de avanzar en su tratamiento, a pesar de los desafíos y la falta de consenso que podrían complicar su aprobación en el corto plazo.