La Ley de Glaciares vuelve a cobrar protagonismo en el debate legislativo, con la introducción de modificaciones de último momento al dictamen OD 700, que redefine aspectos fundamentales del régimen de protección para glaciares y ambientes periglaciares. Este nuevo enfoque, que se encuentra en discusión en el Senado, ha generado divisiones tanto entre los bloques políticos como entre las provincias, creando un escenario de votación que promete ser reñido. En caso de obtener luz verde, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados.
El texto modificado reafirma la importancia de los glaciares y el entorno periglacial como reservas estratégicas de agua, esenciales para la recarga de cuencas, el suministro de agua potable, la agricultura, la preservación de la biodiversidad, la investigación científica y el turismo. Además, el dictamen ratifica que estos recursos deben ser considerados bienes públicos, enfatizando la necesidad de su conservación en concordancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que aboga por un uso responsable de los recursos naturales, sin comprometer las generaciones futuras.
Un aspecto destacado del dictamen es el fortalecimiento del Inventario Nacional de Glaciares, que será obligatorio para identificar y monitorear glaciares y geoformas periglaciales en todo el país. Este sistema contará con la participación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y las autoridades provinciales. El documento también reitera el principio precautorio, asegurando que los cuerpos catalogados serán protegidos hasta que se demuestre, mediante estudios técnico-científicos, su función hídrica. Además, se mantiene la prohibición de actividades que puedan dañar significativamente la condición natural de estos ecosistemas, así como la exigencia de evaluaciones de impacto ambiental para cualquier intervención.
Las modificaciones introducidas han generado diferencias de opinión dentro de los bloques, con el PRO y la UCR mostrando posiciones encontradas, al igual que algunos sectores del peronismo. Senadores de provincias con actividad minera están considerando su apoyo a la iniciativa, lo que añade complejidad al panorama. A pesar de la incertidumbre, el Gobierno se muestra optimista, aunque reconoce que el resultado de la votación será ajustado, evidenciando el delicado equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo de actividades productivas en áreas de alta sensibilidad hídrica.
