Tras la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, el oficialismo argentino se dispone a obtener media sanción en el Senado para reformar la actual Ley de Glaciares. Este proceso legislativo se encuentra marcado por las diversas posturas de los intereses provinciales, los cuales están influidos tanto por consideraciones ambientales como por el atractivo de futuras inversiones mineras.

El Gobierno fundamenta su propuesta en un análisis de las dificultades que enfrentan los actores jurídicos y económicos tanto del sector público como del privado, en relación con la interpretación de la Ley 26.639 vigente. En este sentido, se sostiene que las restricciones sobre el uso racional y sostenible de los recursos naturales deben ser excepcionales, lo que ha llevado a algunos senadores a argumentar que la reforma es esencial para estimular la inversión en las provincias. Sin embargo, la oposición critica la falta de transparencia, ya que la redacción final del proyecto se daría a conocer solo en el momento de la votación.

Los opositores advierten sobre los posibles efectos negativos que la explotación minera en una provincia podría tener sobre el acceso al agua en otra, así como sobre la capacidad de las autoridades locales para fiscalizar adecuadamente. En este contexto, el peronismo se ha manifestado como el principal bloque opositor al proyecto. Activistas ambientales, por su parte, han expresado su rechazo a la reforma con protestas en el Congreso, lo que pone de relieve la tensión entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente en el debate actual.