En un giro significativo en la política provincial, el peronismo de la provincia de Buenos Aires ha dejado de lado sus diferencias internas y ha concentrado esfuerzos en un reclamo común: la oposición a la reciente votación en la Cámara de Diputados de la Nación que propone modificaciones al régimen tarifario conocido como Zona Fría. Este régimen, que brinda descuentos en las tarifas de gas a ciertos municipios, ha sido objeto de revisión por parte del Gobierno, lo que ha generado una fuerte reacción entre los intendentes y dirigentes del oficialismo provincial.
La controversia surge a partir de la aprobación en Diputados de un proyecto que excluye a 90 localidades bonaerenses de los beneficios que hasta ahora recibían bajo la normativa vigente. Entre estas localidades se encuentran importantes ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata y Tandil, que pasan a ser despojadas de los descuentos tarifarios que les han permitido mitigar los altos costos de servicios públicos. Este cambio ha sido interpretado por muchos como un golpe directo a la economía de los ciudadanos que ya enfrentan dificultades financieras.
La inclusión de estas localidades en el régimen de Zona Fría fue resultado de un proyecto de ley impulsado en 2021 por el diputado Máximo Kirchner, que amplió las disposiciones de la ley original sancionada en 2002. Sin embargo, el Gobierno argumenta que la eliminación de este régimen a nivel nacional podría generar un ahorro significativo de $272.099 millones, lo que ha llevado a la actual administración a avanzar con los cambios propuestos, sin considerar el impacto en la población afectada.
El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, ha calificado esta decisión como un “gran error”, y ha advertido sobre las consecuencias que la eliminación de estos beneficios tarifarios podría acarrear a una población ya vulnerable. En sus declaraciones, Kicillof enfatizó que muchos ciudadanos atraviesan serias dificultades para llegar a fin de mes, y cuestionó la falta de sensibilidad del Gobierno ante esta situación. Además, adelantó que en caso de que el Senado acompañe la decisión de Diputados, su administración no dudará en recurrir a la Justicia, lo que añade una capa de tensión política a este conflicto.
A lo largo del día, diferentes intendentes y figuras del peronismo se han manifestado en contra de esta medida y han comenzado a organizarse para llevar su reclamo al Senado. Se ha convocado a una reunión de los jefes comunales y concejales de la Quinta sección electoral, que se llevará a cabo en Villa Gesell, donde se delineará un proyecto de ordenanza que será presentado en los concejos deliberantes de cada distrito. Este esfuerzo coordinado tiene como objetivo frenar la sanción definitiva del proyecto en el Senado y asegurar que las localidades afectadas no queden desprotegidas.
Uno de los intendentes que ha expresado su apoyo a esta causa es Gustavo Barrera, quien no dudó en criticar al diputado nacional y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza, por su apoyo a los cambios en el régimen de Zona Fría. Barrera planteó enérgicamente que la decisión de Yeza perjudica a los vecinos de Pinamar y Villa Gesell, instando a la comunidad a reflexionar sobre su elección de representantes. Este tipo de tensiones dentro del espectro político local refleja la polarización y la lucha por el control de la narrativa en torno a políticas que afectan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos.
Con la presión creciente y la posibilidad de un conflicto legal, el peronismo en la provincia de Buenos Aires se enfrenta a un desafío crucial que podría definir su posición en el escenario político de cara al futuro. La respuesta del Senado y la capacidad de los dirigentes locales para articular una oposición efectiva serán determinantes en la lucha por la defensa de los derechos de los ciudadanos que dependen de los beneficios del régimen de Zona Fría.
