El Partido Justicialista (PJ) en el norte de Argentina se encuentra en un momento crítico, marcado por decisiones judiciales que podrían modificar significativamente su estructura y funcionamiento. En Salta, el Juzgado Federal Número 1 ha exigido ajustes en la convocatoria a las internas del partido, mientras que en Jujuy, la Cámara Nacional Electoral ha confirmado la intervención judicial, cerrando cualquier posibilidad de apelación por parte de sectores del kirchnerismo. Estas situaciones reflejan un contexto de inestabilidad y reconfiguración institucional que afecta profundamente a la fuerza política más emblemática del país.
El juez federal Julio Leonardo Bavio, responsable de la decisión en Salta, ha dado lugar a una apelación presentada por los delegados normalizadores Pablo Kosiner y Nora Patricia Cannuni. Esta apelación se opuso a la Resolución Número 02/2026 de la Junta Electoral del PJ salteño, que había establecido las pautas para las elecciones internas previstas para el 2 de agosto. Aunque el fallo no suspende dicho proceso, sí obliga a reestructurarlo, lo que representa un revés importante para la intervención judicial liderada por José Luis Gambetta.
Uno de los aspectos más críticos que se abordaron en el fallo fue la elección del sistema de votación. El juez Bavio argumentó que la falta de una definición clara sobre si se utilizará voto electrónico o boleta de papel podría afectar la igualdad de oportunidades entre las listas en competencia. En este sentido, resaltó que cualquier retraso en la resolución de esta cuestión resulta inapropiado, ya que impide que todos los candidatos participen en condiciones equitativas. Esta afirmación subraya la importancia de la transparencia y la legitimidad en los procesos electorales dentro del partido.
Además, la distribución de los congresales fue otro punto de atención. Según los registros de la Secretaría Electoral, el PJ de Salta cuenta con 90.821 afiliados, de los cuales 34.904 corresponden al departamento Capital. La Carta Orgánica del partido establece que la representación debe basarse en una fórmula específica: dos congresales por departamento más uno adicional por cada 2.000 afiliados. Con esta fórmula, el departamento Capital debería contar con 19 congresales, en lugar de los 31 que le otorga la convocatoria cuestionada, lo que indica una posible sobre-representación que podría ser considerada injusta.
El juez Bavio enfatizó que la Carta Orgánica es la norma fundamental que deben seguir tanto las autoridades como los afiliados del PJ, y ordenó a la Junta Electoral revisar la distribución de congresales en todos los departamentos. Esta revisión incluye la obligación de publicar una nueva convocatoria en el Boletín Oficial y en un medio de comunicación de circulación provincial, así como ajustar las etapas restantes del cronograma electoral. Este proceso de normalización es esencial para restablecer la confianza en la conducción del partido.
A pesar de los avances en la resolución de estos conflictos, el juez desestimó varios reclamos relacionados con la financiación de boletas, la distribución territorial de las mesas de votación y la designación de autoridades de mesa. Según Bavio, estos temas son de índole organizativa y deben ser atendidos en su momento adecuado dentro del proceso electoral. Asimismo, rechazó el planteo sobre el sistema de adjudicación de cargos para minorías, argumentando que está regulado por las mismas normas internas del partido.
En Jujuy, la situación es igualmente compleja, ya que la intervención judicial se ha mantenido firme, lo que dificulta aún más la capacidad de los sectores kirchneristas de influir en el proceso de normalización. Con estas decisiones, se abre un camino hacia la reestructuración del PJ en una región donde su presencia ha sido históricamente significativa. El futuro del peronismo en el norte argentino dependerá en gran medida de cómo se manejen estas situaciones judiciales y cómo se reconfiguren las alianzas y liderazgos internos en los próximos meses.
