El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha elevado la presión sobre el Congreso al solicitar un presupuesto de 80.000 millones de dólares destinado a financiar su intervención militar en Irán. Esta gestión se produce en un contexto de creciente tensión en la región y un clima político complejo en Washington, donde se han intensificado las discusiones sobre la necesidad de aumentar el gasto militar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha argumentado la urgencia de esta solicitud, resaltando la importancia de reforzar los recursos para las operaciones en Medio Oriente ante un grupo de senadores influyentes.
La mayor parte de los fondos solicitados se destinaría a cubrir los gastos asociados con el conflicto, que incluyen la reposición de municiones y la reparación de equipos militares desgastados por las operaciones recientes. Este pedido se suma a un aumento de casi el 50% en el presupuesto de defensa que la administración del expresidente Donald Trump había propuesto previamente, llevando el gasto militar a niveles sin precedentes. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la solicitud, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca aún no ha formalizado este pedido ante los legisladores, lo que añade una capa de incertidumbre a la situación.
El subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, ha comenzado a comunicar a los comités del Congreso el alcance de la solicitud y los posibles efectos que tendría en las finanzas públicas, un aspecto que ha generado un escepticismo inmediato entre los legisladores. En particular, aquellos que se oponen activamente a la guerra han cuestionado la cantidad de recursos que se planea destinar al Pentágono. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha indicado que la solicitud será analizada con detenimiento, y su aprobación dependerá de cómo se configuren las alianzas políticas en un contexto donde el costo de vida es una preocupación creciente para los estadounidenses.
La cifra solicitada supera significativamente la estimación inicial que Hegseth había presentado semanas atrás, que ascendía a 29.000 millones de dólares para cubrir la reposición de armamento y la reparación de instalaciones. Esta discrepancia entre los dos montos pone de manifiesto el impacto económico real que está generando la guerra, aunque se encuentra muy por debajo de los 200.000 millones que el Pentágono había proyectado en un inicio al comenzar el conflicto, donde se estimaba que la primera semana de operaciones costaría alrededor de 11.300 millones de dólares.
Las divisiones políticas han quedado claramente expuestas en las recientes audiencias. La senadora demócrata Patty Murray ha cuestionado la decisión de utilizar fondos públicos para una guerra que carece de apoyo popular, recordando a Hegseth que el respaldo legislativo no está garantizado. Por su parte, el senador demócrata Brian Schatz ha expresado su preocupación de que el costo real podría ser mucho mayor que los 80.000 millones propuestos, advirtiendo sobre la falta de transparencia en las proyecciones de gasto militar.
Entre los republicanos, el senador Jim Banks ha defendido la inversión como una oportunidad para fortalecer la industria de defensa y repatriar la producción militar a suelo estadounidense. En este contexto, el senador Jack Reed, presidente del Comité de Servicios Armados, ha manifestado que cualquier ayuda adicional destinada a la guerra debe integrarse en un enfoque más amplio que contemple también programas civiles. Asimismo, John Hoeven, miembro del subcomité de Asignaciones sobre Defensa, ha sugerido que el paquete financiero se amplíe para incluir apoyo a los estados que se vean afectados por el conflicto, lo que podría complicar aún más las negociaciones en el Congreso.
